El fiscal afirma que la mujer de Alovera "estaba protegida al vivir con un militar"

 

El responsable de la Fiscalía de Castilla-La Mancha considera aventurado calificar de error judicial el doble crimen

AGENCIAS / GUADALAJARA Nueva polémica en un caso de violencia de género. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), José Martínez Jiménez, aseguró ayer que la mujer asesinada en Alovera por su ex pareja, que también mató al actual compañero sentimental de ésta y después se suicidó, "tenía el suficiente grado de protección porque convivía con una persona que era militar y, además, con más grado que su acosador". Aunque matizó que, "cuando un agresor está dispuesto a matar y morir, es muy difícil que lo pare la justicia".
Las inmediatas réplicas de distintos colectivos de mujeres, llevaron al fiscal jefe a aclarar horas después que, en sus declaraciones sobre el doble crimen "en ningún momento (...) ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja". En un comunicado precisó que "al contrario, es consciente de que esta situación incrementa el riesgo, como se ha comprobado en este caso. "De cualquier forma y en todo caso, la responsabilidad de la protección de las víctimas es del Estado, a través de los órganos judiciales y fiscales, precisó..
En su opinión es aventurado calificar como un error judicial este crimen, donde un militar con orden de alejamiento mató a su mujer y al compañero sentimental de ésta delante del hijo del matrimonio, de 4 años, y luego se suicidó.
Martínez, en una rueda de prensa en Gudalajara por la mañana, opinó que "si bien la víctima no estaba suficientemente protegida, porque si lo hubiera estado estaría viva", sí tenía un grado de protección importante, "la que le brindaba como mínimo la presencia de su compañero sentimental, que era también un militar de graduación".
El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, investiga lo ocurrido en este caso. El abogado de la mujer ha manifestado que había denunciado en seis ocasiones incumplimientos de la orden de alejamiento sin que el juzgado de Torrejón de Ardoz (Madrid) competente en el caso tomara ninguna medida.
El fiscal superior apuntó la necesidad de reflexionar sobre las medidas cautelares de protección, como el alejamiento, "que muchas veces no se cumple"; la teleasistencia, pues en ocasiones no hay tiempo para que funcione o la vigilancia policial, que obligaría a un incremento "desmesurado" de las plantillas policiales. José Martínez reconoció que "si esa persona hubiera ingresado en prisión preventiva previamente a la espera de juicio, este hecho no se hubiera producido". En su opinión, la situación lleva a reflexionar sobre "si el único camino que nos queda es aumentar la prisión preventiva".

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