Dos años antes de que el muro de un finca se desplomara y matara en su coche a Diego Carnero Vidal el 7 de enero de 2003 en Redondela, la víctima había denunciado la peligrosidad del muro por su altura en el propio Concello redondelano. No fue el único. Ambas denuncias fueron halladas, tras el trágico accidente, traspapeladas entre un centenar de expedientes en el despacho del aparejador y del inspector de Obras municipales sin que ninguno de ellos tuviera constancia de su existencia, según admitió ayer el propio aparejador, Estévez Lamas, en el juicio que se celebra en el Juzgado de Penal número 3 de Vigo.

La denuncia, con fecha de entrada en el Concello de Redondela el 28 de mayo de 2001, estimaba que "el muro a pie de carretera, sin que tenga visible la licencia municipal, no puede ser legal por la peligrosidad que ofrece", según leyó el abogado de la familia.

Estévez Lamas reconoció que no tuvo conocimiento de la misma por lo que no envió ninguna inspección. A preguntas de la fiscal y otros letrados manifestó que no es habitual que pasen dos años sin atender las denuncias, si bien se justificó diciendo que no sabía quien la había guardado y que las prioridades las marcan los propios vecinos con su insistencia. "La materia para mí es igual, yo tramito expedientes sean de muros de 2 o 10 metros. La importancia se la da la gente que insiste y va varias veces al Concello cuando denuncia algo".

El ex ciclista Marcos Serrano, propietario de la finca, afirmó ayer en el juicio que se sigue por esta causa contra él y otras 7 personas que nunca fue advertido de la "peligrosidad" de dicho muro, que acudió a profesionales y que tanto en el momento de las obras como posteriormente, su casa "estuvo amparada por un seguro y un proyecto de obra".

En contraposición con lo que declararon la víspera cuatro contratistas y un técnico, indicó que encargó y pagó un proyecto técnico a Antón Amadeo Álvarez González que incluía el muro de contención, a pesar de que éste insistió en que esa obra no era objeto de su planificación.

Tanto Marcos Serrano como su padre, Alfredo, insistieron en que entregaron a todos los contratistas una copia del proyecto para ejecutar las obras y alegaron desconocer la necesidad de nombrar un director técnico. En una de sus intervenciones el propio magistrado apuntó que, pese a las declaraciones de los otros imputados (que, como tal, no tienen obligación de decir la verdad), el resultado de la obra realizada parece "ajustarse bastante al proyecto de Álvarez González".

La mujer y los dos hijos de la víctima declararon también ayer. La viuda explicó que tenían el coche aparcado al lado de su vivienda, en el arcén contrario al muro. Ambos iban a subirse, pero él le advirtió: "Tenemos que salir lo antes posible de aquí, el muro se nos cae encima. Yo corrí para alertar a mi hijo que tenía su coche allí y me sorprendió la explosión. Las piedras sepultaron a mi marido", relató al tribunal.

Explicó que Diego estaba muy preocupado y con mucho miedo por la altura "imponente" del muro. "Por eso se fue a hablar con Alfredo Serrano y le pidió la licencia municipal de la obra. No se la enseñó y le dijo que si quería que le denunciara, y eso hizo", dijo.

Ella y sus hijos afirmaron que el muro se construyó en dos fases por diferentes personas. La primera, hasta unos 6,5 metros de altura, la realizó Cabaleiro y la otra, hasta llegar a los casi 10 metros, otras personas.