La Policía Nacional ha destapado un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas. La "Operación Libitina" estudió 27 expedientes en 11 provincias, entre ellas las de Lugo y Pontevedra. Según fuentes de la investigación, en esta última los expedientes son de la área de Vigo. El operativo se ha saldado con 19 personas implicadas de 62 investigadas.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) Social, con la información obtenida de las entidades financieras a requerimiento de la Tesorería General la Seguridad Social en su condición de pagador, al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas. Sus actuales perceptores, mediante la simulación o falseamiento de la vivencia de las personas muertas, "seguían beneficiándose de esta ayuda económica", destaca la Policía Nacional en un comunicado. Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.

Así, se han revisado 27 expedientes y 62 personas han sido investigadas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,2 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos, hijos y sobrinos.

La Policía Nacional explica, además, que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, "por lo que si bien se dio cuenta al juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable". En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

La Policíaresalta el caso de una pensionista de la Comunidad de Madrid que "estuvo cobrando" 31 años su prestación una vez fallecida, desde marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43 euros defraudados. "El pago de la prestación se hacía en una entidad bancaria, en la que la hija de la fallecida estuvo domiciliando recibos ordinarios y sacando el dinero que consideraba necesario para sus gastos, engañando a la Administración de todas las formas posibles", dice la Policía.