Imagine por un momento que fuera poseedor de un valioso claustro del siglo XII y decidiera demolerlo para construirse en su lugar un moderno chalet. Más aún, imagine que pudiera comprarse "Las Meninas" y optara por guardar la obra maestra en el sótano de su nuevo chalet o quemase un manuscrito inédito de Valle Inclán en su flamante chimenea. Impensable, ¿verdad? Pues no lo es tanto. Cuando las obras de arte no están protegidas, nadie puede impedir que el lema de "lo mío es mío y hago con ello lo que quiero" se imponga. Y, además, es legal.
Eso es precisamente lo que ha sucedido con la Casa Guzmán, vivienda diseñada por el arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota en 1972 en Madrid y que estaba consideraba como una de las obras de referencia de la arquitectura española contemporánea, estudiada por los alumnos de arquitectura de varias generaciones, contenido de varias tesis doctorales y admirada dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no estaba protegida como Bien de Interés Cultural.
El pasado viernes salió a la luz la noticia de su derribo y la posterior construcción en su lugar de una edificación de nulo valor arquitectónico, un hecho que provocó la estupefacción de miles de arquitectos de toda España y, por supuesto, también de los gallegos y pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de que las administraciones asuman la protección de las obras de interés cultural contemporáneas. "No puede ser que los criterios para la protección de las obras arquitectónicas se sustenten en la antigüedad de las mismas. Hay que revisar esos criterios porque no solo por tener muchos años una obras es valiosa; hay numerosos ejemplos de arquitectura contemporánea, como era la Casa Guzmán, creada tan solo en 1972 pero de un indudable valor, por lo que debería de haber estado protegida y no lo estaba", considera el arquitecto Martín de Cominges. "Este tipo de acciones, como ocurrió también recientemente con la Casa de Reza en Ourense, del reconocido arquitecto Fernando Blanco, son sorprendentes y penosas", añade.
El prestigioso arquitecto ourensano Manuel Gallego Jorreto, que trabajó en los años 60, nada más licenciarse, en el estudio de Alejandro de la Sota, califica de "desastre" la demolición de la casa de su maestro. "Los poderes públicos no pueden confiar en la buena fe de los propietarios; es un desastre que esta magnífica casa no estuviese catalogada y protegida", afirma. Gallego, que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1997, opina que "a los propietarios de las casas protegidas se les debería de compensar para que la carga no cayera toda sobre ellos y por no poder disponer de ellas con total libertad".
César Portela, por su parte, afirma que solo hay dos maneras de evitar "tragedias como estas". "Primero, que haya disposición jurídica que ampare a estos edificios como patrimonio cultural y, segundo, podría evitarse si la gente tuviese más cultura". El reconocido arquitecto asegura que en otros países "el respeto es mucho mayor; de puertas hacia dentro cada propietario hace lo que considere oportuno, pero el exterior no se toca porque se entiende que no le pertenece a él sino a todos".
También Salvador Fraga se mostraba ayer perplejo "por el vacío que existe en la protección de la arquitectura más contemporánea" y reivindicaba "que el tiempo no sea lo único que pese a la hora de proteger una obra". El arquitecto asume que "es esencial que traslademos ese pensamiento a la sociedad y que lo asuman después, por supuesto, los poderes públicos".
