El juez que investiga la supuesta estafa en los donativos para el tratamiento de Nadia, la niña con una enfermedad rara, acordó ayer enviar a prisión sin fianza al padre y ha dejado en libertad con cargos a la madre, si bien le ha quitado la custodia de la menor, de once años de edad.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) acordó, como solicitaba la fiscalía, enviar a prisión a Fernando Blanco, el padre de Nadia, por un delito de estafa, ya que supuestamente desvió para otros fines 600.000 de los 918.000 euros que habían recaudado en donativos para el tratamiento de la niña.

El juez también acordó dejar a la madre, Marga Garau, en libertad con cargos, si bien ha suspendido su patria potestad sobre Nadia, que quedará bajo la tutela de una familiar, situación que se comunicará a la Generalitat, según fuentes judiciales.

Tras interrogar a lo largo del día al padre y a la madre de la menor, que fueron detenidos el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra, el juez acordó las medidas cautelares planteadas por la fiscalía, después de que los movimientos bancarios hayan acreditado, según la investigación policial, que la familia gastó en fines ajenos al tratamiento de la menor 600.000 de los 918.000 euros que recaudaron en donativos para la niña desde el año 2008.

El fiscal había pedido prisión para el padre, al apreciar que existen indicios de un delito grave de estafa y ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El juez decidió enviar a la cárcel al padre de Nadia, que fue detenido al huir de un control policial y con una pistola de fogueo, tras subrayar la gravedad de la acusación, su especial implicación en la supuesta estafa, su capacidad económica, su falta de arraigo, la posibilidad de destruir pruebas, su reiteración delictiva y su evidente facilidad para salir de España, según fuentes judiciales.

Respecto de la madre, el fiscal había solicitado que quedase en libertad con cargos y que se suspendiera la patria potestad de los progenitores, para que la custodia de la niña quedara en manos de una tía materna con residencia en Mallorca. "Se trataría de evitar en lo posible la continuación de la exposición pública de la menor y que pueda hacer una vida normalizada, lo que con la progenitora resulta imposible en estos momentos", según la Fiscalía.

Los Mossos d'Esquadra han llegado a esta conclusión tras analizar los movimientos bancarios de la pareja, en los que se detecta una gran cantidad de reintegros y gastos que no tienen ninguna relación con el tratamiento médico de la menor. Como ejemplo, la asociación creada para recaudar fondos para la menor pagaba el alquiler de la casa donde residía la familia, en Fígols i Organyà (Lleida), con un coste anual de 9.800 euros, y también había hecho un pago a una empresa de automoción por valor de 24.500 euros, entre otros.