Para este curso, un total de ocho empresas habían sido adjudicatarias del servicio de catering dentro del convenio con la Xunta. De estas, solo tres son gallegas: Sala Gradín, de A Estrada; Asociación Aixiña-Ourense y Pumbariño de Ourense. Las otras cinco compañías tienen su sede en Murcia, León, Salamanca y Málaga. Precisamente, en esta última localidad estaban asentadas y preparaban los menús las dos firmas expedientadas esta semana, Col-Servicol y Perea Rojas. Las dos la enviaban en frío a Galicia donde se acababa de preparar en naves. Su cupo ha sido ahora asumido por Gradín y Serunión.

A mayores, hay otras empresas de catering que no han resultado adjudicatarias o que no se presentan a los concursos. No obstante, operan contratadas por ANPAS o ayuntamientos.

En la actualidad, el servicio de comedores en centros en Galicia atiende a 62.016 escolares de centros públicos mediante varias modalidades. Por un lado, hay colegios cuya cocina está gestionada directamente por la Xunta. Un segundo grupo lo forman aquellos donde la comida la ofrece un catering que resultó adjudicatario de un concurso autonómico por precios y méritos. Estas empresas ofrecen comida a 11.797 estudiantes de 133 centros públicos.

Si se tiene acceso a una plaza pública en el comedor o catering, se puede desembolsar cero euros; uno; 2,50 y 4,50 por día, dependiendo de la renta per cápita que la familia certifique tener.

El decreto de la Xunta de Galicia que regula los comedores escolares y que está ahora en vigencia data de 2013. En ese año, hubo una fuerte polémica con las asociaciones de madres y padres de alumnos porque se eliminaba la gratuidad del servicio de comedor para alumnos que utilizasen el transporte escolar por situarse el domicilio a una distancia igual ou superior a dos kilómetros.

Desde la Ceapa, Confederación Española de Padres de Alumnos, denunciaron que "la Consellería de Educación sigue en su intento de unificar la red de comedores escolares asumiendo la gestión de los gestionados por las ANPAS, a lo que las asociaciones se niegan ya que derivaría en la pérdida de plaza de muchos alumnos que necesitan el servicio por razones de conciliación, al otorgar las plazas por renta per cápita".