Los usuarios de la sanidad pública española tienen desde ayer un nuevo temor y este no ha procedido directamente del Gobierno, sino de la Organización Médica Colegial (OMC), la que se supone es representante de los colegios de facultativos del Estado. Su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, aprovechó su intervención en un desayuno informativo al que acudía la ministra, Ana Mato, para plantearle que se cobre a los ciudadanos que, según él, hacen "un mal uso" de los servicios sanitarios. La ministra, por su parte, calificó la oferta de "anécdota".
Esta especie de 'regañina económica' -o multa como algunos quieren ver- debería ser para aquellos que, por ejemplo, acudiesen a Urgencias cuando su queja o dolencia puede esperar a ser atendida por el médico de cabecera o el especialista.
Otra posible causa de amonestación sería por realizarse pruebas diagnósticas y no acudir a recoger los resultados. Mientras que una tercera vía consistiría en no darse de baja de la lista de espera cuando ya ha sido atendido o ha pasado el problema.
En Galicia, las palabras de Sendín encontraron ayer médicos a favor pero también detractores. En el grupo de los primeros, Cándido Andión, presidente de la delegación gallega de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM), una fuerza sindical declarada independiente.
Andión apuntó al respecto que "cualquier médico suscribiría que se amonestase a cualquier ciudadano que haga un mal uso de la Sanidad. Los servicios sanitarios se deben usar según lo que uno necesite, debe ser un empleo racional. No se puede tomar a broma el sistema".
Como ejemplo, indicó que cualquier persona que logre solventar su problema de salud y estuviese en una lista de espera, debería telefonear o avisar de que ya no precisa de esa cita. De tal manera, dejaría su hueco a otra persona. "La colaboración de todos es importante", apuntó el presidente del CESM gallego.
No obstante, este médico apuntó que no toda la culpa debe ser depositada en el usuario: "La Administración también debe poner médicos suficientes, que están recortando, y debe tener suficientes recursos dotacionales para atender a enfermos. Si el sistema funcionase bien, ya tendría que detectar duplicidades en las listas de espera".
El también facultativo Manuel González, presidente de Plataforma SOS Sanidade Pública, opinó al respecto al indicar que la educación sanitaria de los pacientes recae en los médicos y es responsabilidad del Gobierno dotar de suficientes medios y personal para que los profesionales realicen la prestación.
Frente a esta idílica situación, en la actualidad y a juicio de González, "se está tratando mal a la sanidad pública al no reponer a los médicos que se jubilan y sobrecargar asistencialmente a los que continúan trabajando, lo que es muy duro".
A su juicio, este tipo de propuestas como las que lanzó el presidente de la OMC persiguen "un efecto disuasorio", es decir, que los ciudadanos teman acudir a los servicios sanitarios por miedo.
Para el también médico Manuel Martín, portavoz de la Plataforma SOS Sanidade Pública, "es inaceptable" la propuesta de la OMC. "Mal uso de la Sanidad están haciendo ellos. Solo entre el 20 y 30% de las pruebas que se diagnostican están justificadas. Está habiendo un uso abusivo de las resonancias y los TAC, siendo estos últimos agresivos con la ciudadanía. Además están regalando hospitales a empresas privadas y hay un gasto desproporcionado en medicamentos que sigue creciendo. La gente no se prescribe a ella misma medicinas ni decide qué pruebas hacerse, opinó. Este médico agregó que el castigar económicamente por un mal uso de las urgencias puede llevar a que algunos pacientes eviten ir a ellas por miedo a que los multen. "Los pacientes poca capacidad tienen para saber si tienen un infarto o no", apostilló.
