Hijos y nietos de emigrantes gallegos en Cuba reclamarán al otro lado del Atlántico la devolución de bienes expropiados o indemnizaciones por el patrimonio incautado por el régimen. Y lo harán de la mano de la sociedad 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, constituida en Barcelona en 2001y que ya ha comenzado a organizar reuniones en varias localidades españolas con propietarios y herederos de bienes expropiados y estatalizados por la revolución cubana. Hasta el momento los representantes de la empresa, que se define como apolítica, ya han mantenido contactos con descendientes de emigrantes en Barcelona, Asturias y Madrid. La próxima cita informativa será en A Coruña, el 9 de abril, en el hotel Finisterre.
La compañía da por hecho que el proceso será largo: como máximo diez años para que sus gestiones den resultado. Los emigrantes y descendientes que inicien los trámites para recuperar su patrimonio no deberán pagar cantidad alguna en concepto de anticipo ya que la empresa cobrará a éxito; su remuneración consistirá en un porcentaje sobre los bienes recuperados. La compañía tiene cuantificadas hasta 3.000 familias que abandonaron la isla entre 1959 y 1962 y a las que les fueron expropiados sus bienes. De ellas, unas mil regresaron a España.
Esas familias que hace más de cincuenta años abandonaron Cuba dejaron casas, empresas, fábricas, dinero e infinidad de bienes incautados por el régimen. Se calcula que las mil familias de españoles que regresaron a su tierra en los años 60 dejaron en la isla un patrimonio que supera los 300 millones de dólares.
Una estimación divulgada en los años setenta apuntaba que las propiedades de los gallegos en Cuba de podrían superar los 700 millones de dólares de la época, el patrimonio español más elevado ya que la colonia gallega es la que más peso tiene en la isla junto con la asturiana. La reunión informativa organizada en mayo del año pasado en Asturias atrajo más de 150 personas, de las cuales la compañía gestiona en la actualidad la recuperación patrimonial del 80% de las familias que asistieron.
Sobre las expectativas puestas en el acto que organizarán el próximo mes de abril en A Coruña, la empresa 1898 cree que unas 200 familias gallegas podrían estar interesadas en las gestiones con el Gobierno cubano. Con estos encuentros, que se programarán tambiénen otras ciudades del país, la compañía se propone contactar con propietarios y herederos de bienes expropiados por el régimen cubano para poder negociar con las futuras autoridades de la isla una vez se restablezcan las libertades formales, emulando la estrategia llevada a cabo en los antiguos países comunistas del Este europeo tras el derrumbe del bloque socialista. Solo si fracasan estas conversaciones se llevará el caso a los tribunales. El objetivo de la empresa es sumar al mayor número posible de afectados para así reforzar la posición negociadora cuando se abran las conversaciones con el futuro Ejecutivo de la isla y así llegar a una solución amistosa. El colectivo que se propone salvar el patrimonio incautado por el régimen apunta que como lo más probable es que Cuba no disponga de los recursos económicos "suficientes" para una "indemnización adecuada", la restitución se presenta como la "vía más factible" y en su defecto una compensación en especie.
En el caso de que todos los herederos no estén de acuerdo en que la compañía represente sus intereses en Cuba, basta con que sumen al menos el 51% de la herencia aunque la empresa destaca que la negociación sería más factible "a más porcentaje" ya que "tendría más fuerza de negociación".
Los propietarios o herederos que aceptaron en 1986 el convenio de indemnización entre los Gobiernos de Cuba y España, según asegura la compañía, también podrán reclamar ya que una sentencia del Tribunal Supremo español concluye que tal compensación de daños fue "parcial". En aquel acuerdo, el Ejecutivo castrista se comprometió a pagar 5.416 millones de pesetas (casi 33 millones de euros), de los que un tercio se abonaría en efectivo y el resto en especie. Los responsables de 1898 parten de la premisa de que las futuras autoridades cubanas tendrán que establecer algún tipo de sistema indemnizatorio porque "la comunidad internacional no aceptará el borrón y cuenta nueva". Por delante quedan ahora años de trabajo para reunir al mayor número de afectados y llegar a un acuerdo con el Gobierno cubano.
