La sanidad pública dejará de financiar a partir del 1 de agosto ocho píldoras anticonceptivas de tercera generación por las que hasta ahora las usuarias solo pagaban el 40% -suponen un total de 15 presentaciones-. Los anticonceptivos orales hormonales que pasarán a ser de pago íntegro para las usuarias son Dretine, Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosiane, Drosianelle, Liofora y Yira, compuestos por drospirenona y etinilestradiol. Es decir, el listado de las píldoras más modernas que permanece cubierto cae de ocho formulaciones a dos.
Se trata de compuestos hormonales que se incluyeron en 2011 y el Ministerio insiste en que no hay vacío terapéutico porque hay alternativas. Es decir, a partir de agosto y con cargo a la Seguridad Social se podrán optar a comprimidos más antiguos -a base de etinilestradiol y levonorgestrel-, explican ginecólogos consultados. Las mujeres que precisen comprimidos de tercera generación fuera de la cobertura y a quienes les sean prescritos, tendrán que pagar de su bolsillo entre ocho y 18 euros al mes, según la marca. Este es el precio estimativo que facilitaron farmacéuticos ayer.
Sanidad ha asegurado que la salida de estos anticonceptivos del catálogo de los que se financian con dinero público se debe a criterios de "sostenibilidad y de optimización de recursos" y que no se trata de una decisión ideológica. Una portavoz del departamento de Ana Mato asegura que la exclusión se debe a que los laboratorios fabricantes no han considerado óptimo el precio mínimo fijado por la comisión de Sanidad (de 3 euros). El Ministerio lo justifica así: "Algunos laboratorios que han preferido comercializar sus fármacos a precios mayores han retirado sus productos de la financiación. Esto no supone ningún perjuicio para las pacientes, puesto que se trata de una decisión de carácter económico. Además, los anticonceptivos que no están financiados no han demostrado ningún beneficio extra sobre los que sí lo están que justifique la comercialización a un precio mayor".
Un total de 23 píldoras anticonceptivas permanecerán en la financiación pública aunque solo hay dos formulaciones de "tercera generación", genéricos compuestos por desogestrel y etinilestradio-las de Mylan- que permanecen. Estos anticonceptivos fueron aprobados para su comercialización el pasado diciembre y están en el catálogo de las cubiertas desde hace solo cuatro meses. Además, mantendrán la financiación pública Ovoplex y Loette (del laboratorio Pfizer); Rigevidon y Azalia (de Gedeon); Linelle (Teva); Levobel y Debunica (Laboratorios Effik); Cerazet (MSD); y Desogestrel (Cinfa).
Algunas asociaciones temen que detrás de esta medida se esconda "un intento de no financiar la anticoncepción". La píldora es el segundo método anticonceptivo más empleado en España, por detrás del preservativo. Se calcula que hay dos millones de españolas que toman estas pastillas para prevenir embarazos no deseados; de ellas, unas 200.000 están en Galicia. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acusó al Gobierno de estar "contra las mujeres" y de querer "inaugurar una nueva era: la de la castidad en el siglo XXI". Esta medida y todas las que está adoptando el Gobierno del PP, aseguró, "confirman que están contra la libertad sexual y reproductiva de las mujeres". El portavoz de Sanidad del PP, Manuel Cervera, aseguró que no hay "ninguna medida ideológica" tras la decisión.
Trombos bajo cautela
Recientemente, Francia registró varias demandas de usuarias de las píldoras de última generación (muy conocidas por nombres comerciales como Yasmin o Dretine), que consideraban habían sufrido accidentes vasculares a consecuencia de esta medicación. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aceptó revisar los datos disponibles sobre los anticonceptivos de tercera y cuarta generación (cuyos principios activos son desogestrel, gestodeno o drospirenona) a raíz de esta denuncia.
Expertos gallegos en anticoncepción señalan que la incidencia de trombosis con estos compuestos de levonogstrel se duplica. "Pasa de 2 a 4 casos por cada 100 mujeres", explica el ginecólogo Javier Valdés, pero insiste en que se trata de un porcentaje igualmente bajo y siempre se hace un seguimiento médico.
