El Consejo de Estado ha emitido informe favorable de derecho indemnizatorio y a la indemnización por 555.000 euros para Rafael Ricardi, el ciudadano de El Puerto de Santa María (Cádiz) que permaneció 13 años encarcelado acusado de un delito de violación que no había cometido.
Según ha explicado a Europa Press la abogada de Ricardi, Antonia Alba, para los procesos indemnizatorios tiene que haber un informe del Consejo de Estado, que normalmente suelen dictar que la indemnización no es preceptiva. No obstante, ese informe no es vinculante y el Gobierno es quien tiene la última palabra. En el caso de Ricardi, incluso el informe del Consejo de Estado es favorable.
Tendrá que ser ahora el Ministerio de Economía el que a través de una partida abone la indemnización, lo cual debe hacer en el plazo de un mes, ya que en noviembre cumple el plazo para que la defensa de Ricardi interponga un contencioso administrativo en caso de no haber recibido la indemnización o un compromiso de pago por parte del Estado.
No obstante, la cuantía de 555.000 euros de indemnización es a juicio de la abogada "una desfachatez", así como que le parece "poco", ya que ha recordado que la petición realizada fue de diez millones de euros. Alba ha señalado que hay que tener en cuenta que Ricardi ha estado encarcelado 13 años por un delito de violación y ha señalado que "no hay que olvidar que hasta un etarra está mejor mirado que un violador" en los centros penitenciarios.
En este sentido, ha manifestado que a pesar de ello, su cliente, Rafael Ricardi, está dispuesto a aceptar la indemnización, ya que se encuentra en una situación económica "precaria" y no aceptarla y plantear un recurso le puede suponer dos o tres años de litigio sin que sea seguro que los tribunales cuentifiquen una mayor indemnización, aunque en este caso, nunca podría ser menor a la ya fijada por la Administración.
