Galicia cuenta con 2.447 cuidadores no profesionales -a cargo de personas dependientes- dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, amparados en la Ley de Dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Política Social. Una cifra que sitúa a la comunidad gallega como la quinta autonomía en la que más ciudadanos se benefician de una prestación por atender a sus familiares enfermos, sólo superada por Andalucía (20.861), País Vasco (3.297), Castilla La Mancha (3.139) y Cataluña (2.552).
Por provincias, A Coruña es la que concentra un mayor número de cuidadores de este tipo (807), seguida de Pontevedra (704), Ourense (572) y Lugo (364). Unos datos que superan a los del cómputo global de algunas comunidades como Madrid, con sólo 29 altas en la Seguridad Social, Canarias (345), Navarra (344) y La Rioja (369).
El Consejo de Ministros aprobó en mayo del año pasado un decreto que permite que los cuidadores de dependientes puedan cotizar y recibir una ayuda de hasta 487 euros. En el caso de los familiares -cónyuges o parientes por consanguinidad hasta tercer grado-, la inclusión en el Régimen General deberá hacerse mediante la firma de un convenio especial, excepto si el cuidador ya está percibiendo una prestación por desempleo, jubilación, incapacidad o viudedad. Cuando el cuidador sea una persona ajena a la familia deberá acreditar los años que lleva cotizados mediante la documentación correspondiente.
La base mensual de cotización por atender a un enfermo será el tope mínimo que, en cada momento, esté establecido por la Seguridad Social. Sin embargo, cuando el cuidador haya abandonado su empleo habitual para dedicarse exclusivamente a la atención del dependiente podrá mantener la base de cotización del último ejercicio en el que estuvo trabajando.
Formación básica
Los cuidadores no profesionales reciben una formación básica para el trabajo que van a realizar mediante cursos promovidos por la Administración ya que el objetivo del Gobierno es crear una red de cuidadores organizada, con derechos laborales y los conocimientos adecuados para su actividad.
Los costes tanto de la cotización a la Seguridad Social como de la formación que reciben estas personas -hasta un total de 74 euros- es asumido por el Gobierno central.
Desde algunos sectores, sin embargo, se critica que el Ejecutivo recurra a familiares antes que a profesionales de este ámbito. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó esta semana que la actual Ley de Dependencia "no sólo no ha generado puestos de trabajo, sino que está contribuyendo a su destrucción de los mismos al favorecer la ayuda no profesional frente a los cuidados especializados". Una idea que comparten desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, que asegura que la aplicación de la normativa "ha generalizado las aportaciones para las ayudas no profesionales, en lugar del cuidado de especialistas en residencias, cuya construcción también se está reduciendo".
