La Audiencia de Pontevedra aplazó esta mañana el juicio que tenía previsto sentar en el banquillo a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno acusado de dos delitos de cohecho y falsificación en documento oficial. El fiscal pide una pena de cuatro años de prisión por cada uno de ellos (ocho años en total) además de la inhabilitación para cualquier empleo público también por espacio de ocho años.
El motivo de la suspensión fue la incomparencencia de tres testigos que se considera fundamentales para el caso por lo que la Audiencia procederá a comprobar si se citaron de forma adecuada y aplaza la vista hasta mediados del pasado mes de abril. Está acusado de expedir permisos de residencia a cambio de dinero.
