La basurera Valoriza exige al Concello de Poio 80.000 euros adicionales cada año por poner más contenedores de los que figuran en el contrato. Así lo denunció ayer el PP local, que calificó como "desfachatez" esta petición, ya que la empresa "acumula tres años de incumplimiento sistemático" de las bases firmadas.

Esta cantidad se sumaría a los 800.000 euros que ya percibe Valoriza cada año como compromiso que se acordó en su momento a la hora de adjudicar el servicio de basuras.

El concejal del PP, Tucho Muíños, rechazó que los vecinos de Poio "tengan que pagar aún más por los errores de cálculo de la empresa", y lamentó el "compadreo constante" entre el gobierno de Luciano Sobral y la concesionaria: "El bipartito nunca actuó con contundencia ante los graves incumplimientos de Valoriza".

En este sentido, Muíños recordó el "rosario de irregularidades" que aquejan al contrato de basuras desde su adjudicación: "Primero incumplieron los plazos y las cantidades del contrato, después quedó grabado en vídeo que no hacían la recogida selectiva, y en el último año, además, supimos que estaban usando el material, los vehículos y el personal adscrito a Poio en ayuntamientos como Marín, A Illa y Vilanova. Todo esto mientras los vecinos de Poio pagan el recibo más alto de la provincia por un servicio pésimo".

Muíños recalcó que todos estos incumplimientos "apenas supusieron sanciones" para la concesionaria: "Al contrario, hubo que contratar a una consultora por 13.000 euros al año para hacer un seguimiento de los incumplimientos de Valoriza".

Según el PP, el recibo de Poio, de 122 de media, es el más alto de la provincia: "Por lo tanto, los vecinos, que ya están pagando 800.000 euros de contrato, más otros 13.000 euros para controlar los propios incumplimientos de la empresa, ahora van a tener que poner 80.000 euros más".

Muíños denunció que la empresa pase a costarle los vecinos 900.000 euros "sin ni siquiera ganar el concurso". El popular recordó que la concesionaria sólo accedió al contrato después de reclamar judicialmente contra la adjudicataria original, y subrayó que el historial de este contrato fue "una tomadura de pelo desde el primer momento". "Valoriza denunció a la ganadora del concurso por no cumplir el pliego de condiciones, y después de acceder al contrato en los tribunales, pasó a incumplir sistemáticamente esas mismas condiciones, ante la pasividad del bipartito".

"Desde el gobierno de Luciano Sobral siempre hubo una complicidad y un conchabe evidentes, que quedaron patentes cuando ante los constantes incumplimientos del contrato, que podrían implicar la rescisión del mismo, BNG y PSOE decidieron no tomar medidas", finalizó el edil popular.