El gobierno local ha protagonizado en los últimos tres meses una intensa oleada de concursos, proyectos y licitaciones que suman más de 13 millones de euros, lo que supone una de las etapas de mayor actividad de este tipo de los últimos años. Esta frenética oleada de obras tiene tres razones básicas: por un lado, la proximidad de las elecciones municipales de mediados de 2019, que siempre supone un impulso de estos proyectos para su inauguración a las puertas de la cita electoral, una práctica que también lleva a cabo la Xunta con actuaciones como la estación de autobuses, la sede de Benito Corbal o el puente de A Barca.
Otra causa de esta avalancha es el interés del gobierno local de acelerar al máximo los proyectos vinculados a los fondos europeos DUSI. Aunque el Ministerio de Hacienda aún no ha dado luz verde oficial a ese gasto, el Concello sí tiene en licitación, mediante esta vía, cuatro iniciativas que suman más de seis millones de euros. Se trata de la reforma de la planta alta del Mercado (280.000 euros), la reforma del pabellón multiusos de A Xunqueira (algo menos de 2,2 millones), la reurbanización de la calle Virxe do Camiño (alrededor de 1,4 millones) y la restauración y peatonalización del puente de O Burgo, que supera los 2,5 millones.
Todos ellos se encuentran en licitación desde hace unas semanas y entre finales de este mes y mediados de abril irán conociéndose las ofertas de las empresas interesadas.
Nueva normativa
Pero la principal razón de esta aceleración de los trámites en estos meses, especialmente en las últimas dos semanas, fue el cambio de la Ley de Contratos por parte del Gobierno central, una normativa que se aprobó el 9 de noviembre, con cuatro meses de moratoria, hasta el pasado viernes 9 de marzo. Fue esa jornada la que marcó el punto de inflexión para la tramitación de estos concursos.
La aceleración de la contratación pública por parte del concello en las últimas semanas no vino motivada por limitaciones o restricciones de la nueva ley, sino porque obligaba a reiniciar desde el principio procesos que suelen tardar varios meses. En todo caso, la normativa actual sí establece limitaciones en los contratos menores y, sobre todo los negociados sin publicidad, muy habituales en el concello pontevedrés y que ahora quedan suprimidos. Los contratos menores se reducen de 50.000 a 40.000 euros para las obras y a 15.000 para servicios, además de ordenarse un mayor uso de medios electrónicos e informáticos para las licitaciones.
En la actualidad el gobierno local tiene "vivos" y pendientes de adjudicar proyectos como los campos de fútbol de hierba artificial de Pontesampaio y Campañó (que suman casi 2,4 millones de euros), el nuevo parque infantil de Campolongo (300.000 euros más), o la reforma de las calles Cruz Roja y O Gorgullón por un importe conjunto de casi tres millones de euros más.
También están en licitación los nuevos centros sociales de O Burgo y Estribela (un millón de euros) y la nueva iluminación de los puentes de As Correntes, Santiago y os Tirantes y la pasarela de la Illa das Esculturas por 450.000 euros más.
A estas obras se deben sumar proyectos que lograron entrar "in extremis" en la normativa de contratación anterior, al ser aprobados horas antes de la entrada en vigor de la nueva, como la renovación del alumbrado público en la parroquia de Bora, la reparación de las deficiencias del parque de las marismas del Alba o un contrato marco para ejecutar las bases de futuros composteros colectivos en el casco urbano, tres actuaciones que suman más de 570.000 euros.
Contratos de menor cuantía, como prórrogas o asistencias técnicas completan un largo listado de contratos aprobados a última hora y en el que también deben figurar iniciativas de gran calado puestas en marcha en los últimos meses, como la contratación de un nuevo Servicio de Axuda no Fogar, la negociación con cuatro empresas para adjudicar la gestión del parking Véteris (modalidad que desde el día 9 ya no sería posible) y, sobre todo, dos concursos de larga duración, por un periodo de adjudicación de 20 años y un elevado montante económico: el servicio de agua y las piscinas de Campolongo. En el primer caso, se trata del contrato más importante del mandato y en el segundo, el objetivo es remodelar unas instalaciones obsoletas y resolver una anomalía administrativa que se arrastra desde 2010.
La nueva Ley de Contratos sí afectará a otro de los servicios básicos del Concello, el de recogida de basuras, ya prorrogado y sin visos de que salda adelante a corto plazo.
