El municipio de Pontevedra "vale", con todos sus terrenos e inmuebles, unos 2.800 millones de euros. Esa es la tasación que el Catastro tiene consignada a día de hoy en la capital, lo que supone un aumento de unos 350 millones con respecto al valor asignado cinco años atrás, en 2012. Del mismo modo que en los últimos años se registró un aumento del número de altas de unas 750 cada ejercicio, paralelamente se produjo un crecimiento del valor catastral de unos 70 millones anuales. Sin embargo, si en el primer caso la subida se debió a las campañas de inspección emprendidas por el Concello y reflejadas después en sus padrones por el Ministerio de Hacienda, la valoración económica lleva aparejados otros factores, como las actualizaciones que realiza el Estado periódicamente.

Si en 2012 se establecía un valor catastral conjunto de 2.401 millones de euros, en 2013 ya era de 2.424 millones y a día de hoy ya se rozan los 2.800, es decir, un aumento del 15% en este lustro. El crecimiento es más o menos parejo en todos los apartados. El residencial, que acumula más del 60% de toda esa valoración, pasó de 1.539 millones a casi 1.750, en paralelo al aumento de las altas. Llama la atención que también se incrementó la tasación de las propiedades industriales, que por primera vez se superan los cien millones de euros, pese a que el número de registros cayó un 20% en una década.

Estas valoraciones, que realiza el ministerio, sirven de base para que el Concello aplique el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los más de 71.500 bienes registrados. Al respecto, todos los grupos de la oposición municipal se unieron hace unos días para exigir al gobierno local que fraccione el pago de este impuesto en cinco plazos y aplicar bonificaciones a familias numerosas y adjudicatarios de viviendas sociales. El BNG sostiene que esa división es "inejecutable" ya que el primero de los plazos de pago previstos sería en marzo de cada año, dentro de unas tres semanas aproximadamente, pero en ese mes el Concello aún no dispone del padrón oficial del IBI que envía el Catastro.

Otro acuerdo del último pleno, esta vez por unanimidad pero también de difícil ejecución es que se eliminen los beneficios fiscales de Audasa. La concesionaria de la AP-9 está exenta de pagar el 95% de ese impuesto a los municipios por donde pasa la autopista y el Concello ya perdió alguna sentencia al respecto. La autopista forma parte de los denominados Bienes Inmuebles de Categoría Especial (BICE), donde también se incluye el Puerto. La última tasación, de 2016, de este recinto es de unos cincuenta millones de euros y un total de 215 unidades catastrales, repartidas entre los municipios de Pontevedra y Marín: 159 bienes en la capital (con una valoración de unos 35 millones de euros) y 56 en Marín, todos ellos tasados en quince millones.