La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra retomará el próximo miércoles el juicio contra los dos guardias civiles de la Comandancia pontevedresa acusados de difundir información clasificada y secreta a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Un juicio que se aplazó a finales de octubre al coincidirle a uno de los abogados de la defensa con otra vista oral que se celebraba en la misma Audiencia.

Ahora sí, está previsto que finalmente los dos agentes se sienten en el banquillo de los acusados. Se trata de Javier L. P., que en el momento de los hechos estaba destinado en el Equipo contra el Crimen Organizado ECO-Galicia, y Diego F. C., de la Sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial, una unidad que compartía dependencias con el Equipo de Drogas y Crimen Organizado. Esta circunstancia, según le fiscal, le permitía acceder a sus equipos.

La Fiscalía Antidroga pide para cada uno de ellos 11 años y medio de prisión. También formula acusación contra el que considera que actuaba, en ocasiones, de enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes que requerían de sus servicios. Se trata del vilanovés Juan Carlos S. N., para quien el fiscal pide siete años.

Según el escrito del Ministerio Público, ambos agentes difundían información de investigaciones judiciales en curso y declaradas secretas haciendo llegar a las personas investigadas fotografías realizadas por la Guardia Civil de sus reuniones, pantallazos de ordenador con el estado de las actuaciones y las personas investigadas así como otra información que, por ejemplo, frustró una operación que trataba de desmantelar una organización que tramaba el envío de unos mil kilos de cocaína a través de puertos españoles. La información que les habrían aportado estos supuestos "topos" provocó que los miembros de la organización delictiva extremaran medidas de seguridad y la operación se fue al traste.

Lo mismo ocurrió con la investigación sobre un narcotráficante arousano y con otra operación, bautizada "Azúcar Amargo", que tras meses de investigaciones dirigidas por un juzgado de Vigo, acabó en agua de borrajas.

Hasta cinco investigaciones se vieron afectadas por estas filtraciones,al mismo tiempo que se llegaron a difundir datos e información personales de los propios miembros del ECO Galicia.

El día en el que fue detenido, Javier L. S. salía de la Comandancia de la Guardia Civil tras haberse apoderado según el fiscal de los ficheros con las fichas personales de los miembros del ECO Galicia, que incluían filiación, domicilio, nombres de familiares, teléfono de contacto e incluso una fotografía. Datos que no llegaron a ser difundidos al haber sido arrestado justo después de que se hubiera apoderado de ellos.

También filtró datos de los vehículos camuflados de los investigadores y en los ordenadores de los dos agentes detenidos se localizaron 500 archivos y 2.000 documentos con información de investigaciones del ECO Galicia, la mayoría de ellas judicializadas y secretas, que incluían informes operativos, seguimientos o informes de instalación de medios técnicos de investigación policial, así como información de los investigados, siempre según la versión de la Fiscalía Antidroga.