El aparcamiento subterráneo de Veteris, bajo la calle Antón Fraguas, sube un peldaño más en su funcionamiento en precario. El concurso convocado por el Concello para adjudicar definitivamente su gestión y lograr así la legalización plena de su actividad, ha quedado desierto. Ninguna empresa, ni siquiera la que explota hasta ahora el parking, ha presentado oferta alguna, lo que no solo agudiza la inseguridad administrativa de estas instalaciones sino que aboca al Concello a buscar una vía alternativa y extraordinaria para mantenerlas abiertas.
El concejal de Patrimonio, Vicente Legísima, explicó ayer que durante el proceso de licitación varias empresas se interesaron por el concurso, pero finalmente ninguna dio el paso definitivo para sumir un aparcamiento que abrió hace siete años, en octubre de 2010, pero que acumula un largo historial de pleitos judiciales, anulaciones y sentencias desfavorables. La declaración del concurso como desierto no hace más que acentuar ese negativo panorama.
La concesión otorgada en su día de forma directa a la actual gestora del recinto, la misma que ejecutó los edificios residenciales de la calle, fue anulada por los tribunales, al igual que toda la tramitación urbanística anterior. Por ello, el Concello tuvo que reiniciar el proceso desde cero.
El concurso con el que se trató de poner fin a este largo conflicto, se convocó con un plazo máximo de concesión de 68 años y un doble canon: uno inicial de 3.263.377 euros y otro anual de 24.000.
La primera cifra es una cantidad de garantía que aplica el Concello para el caso de que la nueva empresa adjudicataria no fuera la misma que la actual, a la que habría que indemnizar en esa cuantía. Todo esta tramitación queda ahora en entredicho una vez más.
El concejal dijo desconocer las razones de las empresas para no presentarse al concurso, si bien sospecha que la actual concesionaria, Veteris, lo hizo por las mismas razones por las que formuló ya alegaciones y un recurso contra las propias bases del concurso. Entre ellas figura el coste de la obra para separar la zona pública de la privada, toda vez que el parking comparte espacio bajo los edificios residenciales y una calle publica.
Este concurso y todos los acuerdos que realiza el Concello sobre este asunto están tutelados por un juzgado de lo Contencioso Administrativo, a la vista de la sucesión de pleitos formulados por la empresa Tejima que gestiona otro parking próximo, que acabaron anulando todo lo anterior y obligaron a su reinicio.
El parking de Veteris comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, pero la sucesión de sentencias contrarias provocaron que su funcionamiento haya sido en precario y sin amparo legal o urbanístico, totalmente anulado desde 2014. Esta inseguridad es la que pretende resolver el Concello con el nuevo plan especial de infraestructuras aprobado definitivamente en abril, sin que se formulara alegación alguna, ni siquiera de Tejima, la misma empresa que durante todos estos años logró "tumbar" en los tribunales toda la tramitación municipal de este polémico aparcamiento.
Este documento urbanístico es el segundo que se elaboró y en él se corregían, según la versión municipal, las anomalías que llevaron a los tribunales a anularlo en su día, en especial el trámite de evaluación ambiental.
