Los funcionarios de la administración de Justicia en Pontevedra iniciaron ayer el calendario de movilizaciones que han acordado contra lo que consideran su "discriminación laboral" en distintos aspectos salariales y sociales con respecto a funcionarios de otras comunidades autónomas. Esta primera movilización consistió en sendas concentraciones ante los dos principales centros de trabajo en la ciudad de Pontevedra, la Audiencia Provincial y la sede de A Parda, una convocatoria a la que asistieron mayoritariamente los funcionarios de ambos edificios judiciales.
El siguiente paso en su hoja de ruta de movilizaciones son las dos jornadas de huelga decretadas para los días 1 y 13 de diciembre y ya advierten de que si la Xunta sigue sin responder a sus reivindicaciones el paro podría convertirse en indefinido a partir del próximo mes de enero.
Los convocantes destacaron además la unidad sindical a la hora de impulsar estas movilizaciones, dado que están respaldadas por todas las centrales de la administración de Justicia (SPJ, USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG). Todas ellas reclaman a la Xunta medidas para acabar con lo que ellos consideran "discriminación" frente a los funcionarios de Justicia de otros puntos del Estado, a pesar de que realizan el mismo trabajo.
Reclaman a la Xunta, por ejemplo, una actualización del complemento autonómico transitorio, en donde se han producido aumentos generalizados en todas las comunidades y en algunos casos llegan a doblar las retribuciones de los funcionarios gallegos. La situación también es similar en los descuentos que sufren en caso de baja laboral por enfermedad, mayor en Galicia que en otros puntos y aplicables en un mayor número enfermedades.
Los funcionarios también piden que se detenga el plan de amortización de plazas, el cobro del 100% de las sustituciones y, por último, reclaman la consolidación de las plazas de refuerzo que son estructurales y no coyunturales, es decir, aquellas que llevan ya más de tres años. De lo contrario, afirman que la falta de personal y medios repercutirá en un peor servicio en la administración de Justicia al administrado gallego.
