La controvertida regularización catastral emprendida en 2013 por el Ministerio de Hacienda en toda España y que ha sido objeto de polémica en algunos de los ocho municipios de la comarca ya inspeccionados (Campo Lameiro, Moraña, Ponte Caldelas, Caldas, Marín, Vilaboa, Poio y Portas), el proceso llega a Pontevedra. Una empresa especializada contratada por el Catastro ya ha informado al Concello del inicio de una exhaustiva revisión en todo el municipio con el fin de localizar inmuebles hasta ahora ocultas al fisco, así como las edificaciones de uso agrícola que hasta el momento estaban exentas de figurar en estos padrones impositivos.
Antes del 21 de noviembre esta regularización, a base de vuelos con drones y trabajos de campo, debe estar ejecutada en Pontevedra, pero también en Sanxenxo, Barro, Cotobade, Cuntis y A Lama, con lo que concluiría una campaña en toda la provincia que comenzó hace al menos cuatro años.
Ampliaciones de viviendas, piscinas, garajes y otros inmuebles nunca declarados, así como graneros, galpones, hórreos, gallineros y otros locales de uso agrícola son el objetivo de los vuelos fotográficos que Hacienda llevará a cano en las próximas semanas y que en otros municipios fueron objeto de recursos y protestas vecinales ya que a cada uno de los propietarios revisados se les cobra de oficio una tasa de 60 euros y después, los atrasos o impuestos pendientes de liquidación.
Una media de 717 casos
La regularización afecta a construcciones tanto urbanas como rústicas y los últimos datos oficiales del Catastro, divulgados en abril pasado, indicaban que en toda la provincia las inspecciones ya habían localizado al menos 13.000 inmuebles de este tipo en 16 concellos, tres de ellas en la comarca de Pontevedra. Se trataba de Campo Lameiro, Moraña y Ponte Caldelas, todos ellos revisados antes de diciembre de 2014. En estos tres territorios se descubrieron 2.153 edificaciones irregulares (una media de 717 por concello), sobre todo en el ámbito urbano y divididas en cuatro categorías: nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones, reformas y cambios de uso y piscinas.
En otros dos municipios, Caldas y Marín, los trabajos de campo ya concluyeron hace más de un año, en abril de 2016 pero el Catastro aún no ha divulgado los resultados definitivos, como tampoco en Vilaboa, donde la campaña concluyó en abril de 2017. Por su parte, en Poio y Portas finalizó el 30 de julio.
Esta regularización, al margen de los 60 euros por inmueble que hay que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.
Mayor cuota del IBI
Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se hace notar con más incidencia en el bolsillo de los vecinos del rural ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.
Granjas, invernaderos, hórreos o establos entran en este proceso, que el ministerio niega que se trata de una revisión y habla, por contra de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y se analizan las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien Hacienda aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.
