¿Pagó la Xunta de Galicia 916.000 euros de más por la expropiación de una cantera ocupada para la construcción del macronudo de Curro? ¿Lo hizo engañada por un perito que infló la valoración de esta cantera confabulado con el dueño de la misma para obtener ambos un importante beneficio económico a costa de los fondos públicos? La respuesta a estas dos preguntas están en la mano de las tres magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que deberán dictar sentencia tras el juicio que ayer sentó en el banquillo al responsable de la cantera y la empresa Áridos de Curro, Juan Luis Abal Piñeiro; así como al perito contratado por la administración autonómica para valorar los bienes afectados por estas expropiaciones, Juan Manuel Melón Somoza.
Xunta de Galicia y Fiscalía Provincial de Pontevedra están convencidos de que sí hubo sobreprecio y engaño a la administración. Ambos presentan acusación contra los dos acusados por estafa y falsedad en documento oficial por confeccionar a sabiendas un documento en el que se multiplicaba por tres (o incluso más) el valor real de la cantera expropiada. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para los dos acusados y ayer el abogado de la administración autonómica elevó la pena de prisión y la situó también en estos cinco años que reclama el Ministerio Público. Ambas acusaciones reclaman también a los acusados que devuelvan a las arcas públicas los 916.000 euros que supuestamente se habrían pagado de más.
Durante el juicio celebrado ayer declararon dos peritos,uno designado por la Fiscalía y otro por el juzgado, que consideran que la valoración realizada por su colega sobre esta cantera y los bienes expropiados no solo es "exagerada", sino que además es también "incongruente". Concluyen que recoge indemnizaciones por conceptos "contradictorios" como puede ser la compensación por lucro cesante y también por el traslado de la instalación a otra ubicación. También consideran que se inflaron otros conceptos indemnizados, como el valor de una maquinaria que estaba obsoleta o los recursos de material minero (concretamente jabre) que todavía quedaban en una concesión que para el perito designado por el tribunal "estaba ya agotada" por lo que "su valor era cero". Este perito reiteró que mientras que la Xunta indemnizó a Juan Luis Abal con 1,2 millones de euros, el precio de la cantera apenas sobrepasaría los 286.000 euros en el caso de que la expropiación conllevase el cese de la actividad, o de 345.425 euros si lo que provocó la expropiación fue un traslado.
Cantera "agotada"
Las defensas hicieron comparecer a sus propios expertos quienes destacaron que la cantera "no estaba agotada", como sostienen las acusaciones, y que aseguraron que en este caso no es "incompatible" percibir una indemnización por el lucro cesante del material minero que quedó sin extraer y por el traslado de actividad. Sostiene la defensa que dado que la empresa tenía dos actividades (extracción de su propio jabre y la producción de áridos extraídos en otras parcelas), es compatible que pudiera recibir una indemnización primero por el cese de su actividad extractiva minera y, segundo, por el cese de su actividad productiva al no poder seguir funcionando.
Juan Luis Abal negó haber acordado con este perito (contratado a través de una asistencia técnica externa por la Xunta) inflar la cantera, ni tampoco con ningún otro político o cargo público. "Para nada", aseguró, "eso es una barbaridad". Afirma que conoce al perito de verlo "dos o tres veces" realizando su trabajo de campo en las inmediaciones de la cantera.
Juan Manuel Melón defendió su peritaje y también negó haber inflado este informe "ni ningún otro" para aumentar el valor del bien expropiado.
