El dueño de la cantera y responsable de la empresa Áridos de Curro, Juan Luis Abal Piñeiro, se enfrenta también a una petición de pena a mayores de otros diez meses de prisión como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que es acusado por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria.
Y es que estas dos acusaciones sostienen que Juan Luis Abal incurrió en este delito al no declarar los beneficios derivados de esta expropiación en el impuesto de sociedades correspondiente al año 2010, defraudando así al fisco. La defensa reconoce un error en la contabilidad de la empresa que dio lugar a que inicialmente no se presentase declaración por esta cantidad, pero insiste en que en el año 2014 se presentó una declaración complementaria, una vez advertido el error en las cuentas, ingresando a Hacienda los 372.000 euros que se habrían dejado de abonar.
La Fiscalía aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño tras abonar el acusado el dinero supuestamente defraudado, pero mantiene la acusación al entender que la rectificación llegó una vez que Juan Luis Abal recibió la primera notificación de la Fiscalía descubriendo que estaba siendo investigado. Abal niega que presentase esta declaración complementaria tras la citación de Fiscalía, de la que aseguró que desconocía los motivos. Un perito de Hacienda declaró que observó en la contabilidad de la empresa un "artificio" para hacer pasar inadvertido al fisco el beneficio que obtuvo la empresa con esta expropiación.
