Policía Nacional y Guardia Civil mantienen activas en la provincia de Pontevedra un total de 35 denuncias por personas desaparecidas cuyo paradero nunca ha podido ser aclarado. De todas ellas, un total de seis son desapariciones consideradas por las Fuerzas de Seguridad como de riesgo alto por las circunstancias en las que se produjeron.
Los datos se recogen en un informe elaborado por el Ministerio del Interior este mismo año para analizar de forma pormenorizada la grave problemática de las personas desaparecidas en España. El número de denuncias activas a nivel estatal supera las cuatro mil, de las que 250 son declaradas también de alto riesgo o "inquietantes".
Desde Interior abordan esta cuestión con la intención de tratar de mejorar los protocolos a la hora de establecer un dispositivo de búsqueda, así como para analizar el funcionamiento de las plataformas creadas para mejorar la localización de personas desaparecidas. Huyendo, según ellos mismos explican, de la frialdad de unas cifras detrás de las que se esconden familias angustiadas y destrozadas al desconocer el paradero de sus seres queridos.
En Pontevedra a toda la ciudad se le viene a la mente el caso de Sonia Iglesias, desaparecida sin dejar rastro en 2010 y cuyo caso permanece archivado judicialmente, aunque se mantiene activa pero sin avances aparentes la investigación policial. El mediático caso de Diana Quer en A Pobra ha devuelto también a la actualidad la problemática de las personas desaparecidas.
Según explican desde Interior en este informe, la ausencia en España de una definición legal de persona desaparecida provoca que en esta lista se incluya una casuística muy variada: desde presumibles secuestros o desapariciones inquietantes (como la ya citada de Sonia Iglesias o la del pontevedrés Bernardo Villaverde Amil) a casos que se sospecha pueden obedecer a pérdida de contacto voluntarias por parte de los ausentes.
El informe explica la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana en el caso de desapariciones de menores. En estos supuestos, las desapariciones siempre son inquietantes y se activa la búsqueda de forma inmediata, aún cuando en muchas ocasiones son fugas voluntarias o huidas de centros de menores. En Pontevedra, en el momento de realizarse este estudio, había 10 denuncias activas por desaparición de menores, pero ninguna de ellas de carácter "inquietante".
Interior también destaca que en los últimos años se han modificado algunos protocolos de tal forma que también se activan alertas tempranas desde el minuto cero para personas adultas en el caso de que su desaparición reúna alguno de los condicionantes para ser declarada de riesgo alto. Por ejemplo, un mal síntoma que activa esta alerta es que la ausencia de la persona desaparecida entre en "contradicción total con su comportamiento habitual" o que se esfume sin efectos personales o documentación. Un caso, por ejemplo, en el que habría encajado la desaparición de Sonia Iglesias hace ya seis años y medio.
Otra herramienta clave es del PDyRH, el fichero de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar que desde 2010 ha permitido a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponer de una base de datos centralizada sobre las investigaciones abiertas y sin resolver, así como los datos sobre la aparición de cadáveres sin identificar. Sistema que en breve va a ser "objeto de un proceso de mejora".
Con todo, estos ficheros han permitido resolver desapariciones como la del pontevedrés Carlos Calvar, desaparecido en 2012 y cuyos restos aparecieron cuatro años después durante el desbroce de una finca en Bora.
