Cantaba Gardel que veinte años no es nada. Y cierto es sobre todo cuando se trata de acontecimientos que marcaron a todo un pueblo como sucedió en Vilaboa hace dos décadas con la lucha que emprendió la mayoría de los vecinos contra el proyecto de la Xunta para instalar una empacadora. Una actuación que defendía también el entonces gobierno local del PP. Con todos aquellos recuerdos todavía frescos en la memoria pese a los 20 años transcurridos, un grupo de vecinos ha puesto en marcha una iniciativa para mantener vivos los ecos de aquella lucha a través de la grabación de un documental sobre aquel conflicto. Para ello, buscan a aquellos protagonistas que quieran contar sus recuerdos, anécdotas, fotos o vídeos de aquellos años de lucha. Un conflicto que dejó una profunda huella en quienes lo vivieron de cerca, para bien y para mal.
De hecho, la onda expansiva que generó aquella confrontación entre los vecinos, su gobierno y la Xunta, generó una onda expansiva que no solo afectó a este concello. El conflicto se extendió también a la ciudad del Lérez, en donde todo el movimiento vecinal se sumó a la corriente antiempacadora dado que, como rezaba una de las pancartas que presidían aquellas movilizaciones, dejaba "la mierda a las puertas" de Pontevedra. También se dejó notar en Vigo. Curiosamente, el PP, que gobernaba en estos tres ayuntamientos, perdió las tres alcaldías tan solo dos años después de iniciarse las movilizaciones y todavía no las ha podido recuperar a pesar del tiempo transcurrido.
Esta es la historia de un fiasco que, como muchos otros, empieza con la promesa de un político.La que realizó el entonces alcalde de Vigo, Manuel Pérez, durante una campaña electoral. Prometió retirar al empacadora de Guixar y el ejecutivo autonómico respaldó ese compromiso. En aquellas elecciones sacó la mayoría, la Xunta buscó alternativas y la "china" le tocó a Vilaboa. Concretamente a las parroquias de Bértola y Figueirido. "Nada más saberlo,nos pusimos en pie de guerra", recuerda uno de los primeros portavoces de aquella plataforma vecinal, Roberto Acuña, quien explica que aquel proyecto que se quería traer para Vilaboa "no era solo la empacadora de Guixar", sino que iba a recibir basura procedente de un total de 13 ayuntamientos, entre ellos Pontevedra y Vigo junto al resto de los municipios de sus respectivas áreas de influencia. Temían incluso que, con el tiempo, aquello se convirtiese en la temida "Sogama del Sur", la incineradora que complementaría a la actual planta de Cerceda.
Fue hace ya 20 años, pero aquel conflicto también fue pionero a la hora de llevar a cabo protestas e iniciativas que luego reivindicaron movimientos sociales más recientes como el 15-M. Es el caso de los bautizados como escraches o las consultas populares.
Consulta popular
Ricardo Acuña explica que uno de los primeros pasos fue medir el apoyo popular real que tenían. Con el Concello y las administraciones en contra, la Plataforma decidió organizar un "referéndum" entre la población. Para ello, el propio Acuña viajó a Pontevedra para contratar a un notario que levantase acta de la consulta y certificase que esta se realizaba de forma democrática y validando los resultados: "Lo primero que nos dijo es que no podíamos llamarle referéndum, que para cumplir la ley deberíamos referirnos a ella como una consulta popular, y así fue", relata. Las papeletas que se introducían en la urna eran claras y rotundas: "Empacadora sí" o "Empacadora no". Solo 9 vecinos, de un total de 1.066 votantes, optaron respaldar el proyecto en una consulta en la que participaron, según se publicó entonces, el 83% de los posibles votantes. "Aquello nos dio el peso suficiente para continuar con la lucha hacia adelante", recuerda Acuña.
La hemeroteca se llena, especialmente a partir de marzo de 1997, de plenos llenos de tensión en Vilaboa, de manifestaciones multitudinarias en Vilaboa y Pontevedra y de imágenes de la Guardia Civil tomando un pueblo para proteger al entonces alcalde, Enrique Fernández, y al resto de concejales de su grupo de gobierno, de las protestas de los vecinos. También del blindaje policial de cada acto del PP en la provincia. Las informaciones de la época recogen una presunta agresión denunciada por un concejal popular en pleno centro de Pontevedra, de coronas de flores que aparecían ante la vivienda del regidor o de pintadas en panteones familiares de los políticos que apoyaban la empacadora.
Sin embargo, los integrantes de la Plataforma insisten, a día de hoy, que pese a la tensión que se vivía por culpa de un proyecto que, según ellos, amenazaba con arruinar el modo de vida de un pueblo, nunca se cruzaron determinadas líneas rojas. Para ello contaron con el apoyo de un letrado, Calixto Escariz, que años más tarde iba a ganar otras muchas batallas en los tribunales para los vecinos de la comarca frente a la administración: "Ese hombre fue para nosotros una salvación", dice Acuña. "Siempre nos decía hasta donde podíamos llegar y que nunca hiciéramos daño a nadie o destrozáramos nada". "Y así hacíamos, les llamábamos de todo a los políticos, pero nunca rompimos nada ni le hicimos daño a nadie", asegura.
Los concejales del PP fueron víctimas de lo que hoy se denominarían "escraches" reiterados. Se organizaron vigilias nocturnas por parte de los vecinos que se reunían frente a las viviendas de los miembros de la Corporación que apoyaban la empacadora, portando velas y entonando cánticos. "La verdad es que nunca esperamos que aguantasen tanto", reconoce Acuña. "Nuestro objetivo era que alguno dimitiese para dar paso en la lista a algún otro edil más favorable a nuestra postura" puesto que "había mucha gente en el PP que sabían que aquello de la empacadora era una aberración, también en Pontevedra". Pero ninguno cedió.
El asedio a los políticos del PP para pedir que retirasen el proyecto era contínuo. "Íbamos allá a donde tuvieran un acto", explica Acuña. Se fletaban autobuses para acudir a los actos de los principales líderes del partido y las medidas de seguridad se dispararon hasta puntos insospechados. En un acto de Fraga en Pontevedra, por ejemplo, se llegaron a establecer fuertes controles de seguridad en las principales entradas a la ciudad para evitar que los vecinos de la plataforma hicieran acto de presencia en el evento del PP, que se celebraba en el Puente de Os Tirantes. Aquella presión policial hizo que los vecinos tuvieran que agudizar el ingenio para que sus protestas fueran efectivas. Recuerda Acuña que a aquel acto solo podían acceder personas con invitación por lo que el propio Fraga y los allí presentes no podían dar crédito cuando ante sus narices, en medio del evento político, se desplegó una enorme pancarta contra la empacadora. Los vecinos la habían llevado hasta el lugar en piragüas que ocultaron en Bora la noche anterior y con las que descendieron por el Lérez burlando el control policial, explica Acuña.
Una de las imágenes más recordada de aquel conflicto fue la publicada por FARO con el alcalde de Vilaboa, Enrique Fernández, manchado por el impacto de un huevo durante un pleno. En aquellos días, solo un grupo reducido de vecinos (una veintena) estaba autorizado para entrar en el salón de sesiones para evitar altercados. Estos eran sometidos a un exhaustivo cacheo por la Guardia Civil y aquel día no les habían encontrado nada. ¿De dónde salieron los huevos? "Creo que 20 años después ya se puede decir: un día antes una vecina los escondió en el interior de la cisterna de un baño que está próximo al salón de plenos y al día siguiente, después de entrar y pasar los cacheos, esta mujer fue al servicio y los cogió", desvelaba Ricardo Acuña. "Teníamos a la Guardia Civil por todos lados, hacían un control muy férreo sobre nosotros", recuerda este vecino. Incluso diseñaron un sistema para convocar al pueblo a reuniones si ocurría algo urgente. "Echábamos una única bomba de palenque al aire y entonces todos los vecinos ya sabían que había que acudir de inmediato a un punto de reunión determinado previamente", explica. "Se dejaba el trabajo en el campo, en la tienda, lo que fuera... se iba al lugar y cuando llegábamos siempre estaba allí la Guardia Civil, lo cual quiere decir que también había alguna gente entre nosotros que les avisaba a ellos", reconoce.
Multas
La lucha vecinal se prolongó durante varios años y llegó a los tribunales. Fueron las victorias en los juzgados y la pérdida de peso político en el PP de Fraga de firmes defensores de la empacadora como José Cuíña lo que provocó que finalmente la Xunta optase por abandonar un proyecto por el que pagó un elevado coste político. El coste fue muy alto para todos los implicados y no solo personal, también económico. Se fletaban autobuses, se mantuvo una batalla judicial y se pagaron multas. Una multitud de sanciones que fueron impuestas por el entonces Gobierno Civil a los vecinos por aquellas protestas. "Yo mismo llegué a sumar un total de 23 multas de un millón de pesetas cada una", explica Ricardo Acuña. Finalmente, la plataforma llegó a tener que hacer frente al pago de al menos dos sanciones de 250.000 de las antiguas pesetas. Los donativos, la venta de lotería de Navidad y la fortuna de que les tocase una pedrea, les ayudó a sostener esta lucha.
"Nosotros perdimos mucho, pero ellos más", reflexiona Acuña quien considera que aquel conflicto afectó mucho también a quienes apoyaron el proyecto. Reconoce que hay gente en el pueblo que "todavía no le perdona aquello" a algún concejal de aquel gobierno y que "20 años después aún le tuerce la cara".
Sin duda, el blanco de las iras fue el entonces alcalde, Enrique Fernández. Aquello le costó la Alcaldía y, tras cuatro años en la oposición, le llevó a retirarse de la vida política. Estos días declinaba amablemente participar en este reportaje recordando precisamente "porque estoy ya apartado de todo plano político". Con todo, sí explicaba que, a día de hoy, "sigo pensando lo mismo", aquello "fue una cuestión política más que un problema real", dijo "un montaje que se hizo y que le dio resultado a quien lo apoyó".
