10 de febrero de 2017
10.02.2017

El gobierno local defiende sus contrataciones al archivarse la última pieza de la operación Patos

El juzgado decreta el sobreseimiento de la investigación por los contratos de Santa Clara y la avenida de Lugo -El fiscal ve anomalías administrativas pero no infracción penal

10.02.2017 | 03:00
Sin noticias sobre las investigaciones de Pilar de Lara | Legísima señaló ayer que aquellos registros decretados por un juzgado vigués hace tres años "no fueron del todo desmesurados", pero "sí fueron desproporcionados", a juicio del concejal, los practicados veinte meses después, en noviembre de 2015, por orden de la juez de Lugo Pilar de Lara en el marco de la operación Pokemon. En aquel caso, entre otras se requisaron numerosas facturas relacionadas con Aquagest, el anterior nombre de la empresa de aguas. García Legísima recordó que los agentes de Vigilancia Aduanera se llevaron decenas de cajas de facturas de esta y otras empresas, incluso con camiones -en la imagen, funcionarios municipales descargan tomos procedentes del Archivo- "cuando podían haberlas pedido y se entregarían sin problemas". Este asunto todavía está vivo en los juzgados y el Concello no tiene noticias desde entonces.

En noviembre se decretó el archivo definitivo de la investigación por los supuestos enchufes municipales en la empresa Cespa de limpieza y ahora el juzgado ordena el sobreseimiento provisional de la pieza en la que se trataba de aclarar si había algún delito penal en la adjudicación a una misma empresa, Eiriña, de tres obras por dos millones de euros: la reforma de Santa Clara y de la avenida de Lugo y un proyecto viario en Salcedo. De este modo, el Concello de Pontevedra quedó ayer totalmente desvinculado de la operación Patos, activada por un juzgado de Vigo en febrero de 2014 por supuestos casos de corrupción en varios municipios e instituciones de la provincia.

El archivo provisional por parte dl juzgado de instrucción número 1 de la ciudad, corresponde a la última de las cuarto piezas separadas que asumieron los órganos judiciales de la capital. Los tres anteriores (el de los supuestos enchufes municipales y otros que afectaban a la Xunta y a Ence) también fueron sobreseídos a lo largo de estos meses. La decisión, conocida ayer por el gobierno local, se adoptó a petición de la propia Fiscalía, que admite la "inexistencia de indicios suficientes" de una infracción penal en las contrataciones municipales.

Eso sí, su informe reconoce que algunos de los trámites del Concello en esos procesos eran anómalos, pero dentro del ámbito administrativo, no el penal. Entre otras irregularidades, estaba la de adjudicar a la misma empresa de las obras el trabajo de seguridad y salud, que debe realizar otra compañía, una modalidad que el gobierno local siempre justificó en el "ahorro de fondos públicos". De hecho, a raíz de estos casos, el Concello optó por cambiar este sistema y disponer de una firma especializada en seguridad y salud. También se analizaron los criterios de valoración de los ofertas, pero en ningún caso se aprecian ilícitos penales, de ahí que se decrete este sobreseimiento provisional, que previsiblemente se eleve a definitivo en breve.

"Nada que ocultar"

El auto del juzgado número 1 llegó en la mañana de ayer a manos del concejal de Personal y Régimen Interior Vicente García Legísima, quien reitera "lo que siempre se dijo en estos casos desde el gobierno local, que nunca hubo nada que ocultar y si hubo algún incumplimiento de la norma fue para defender los intereses de los ciudadanos".

Insiste en que "estamos a disposición de todas las instancias para colaborar en cualquier investigación" pero cree que la "vía penal es lo último a lo que se debe acudir".

A finales de noviembre, otro de los juzgados de instrucción a los que correspondió otra pieza separada de la operación Patos, el número 2 de Pontevedra ha archivaba por segunda vez la investigación abierta por los presuntos "enchufes" de personas supuestamente apadrinadas por parte de políticos, técnicos y funcionarios del Concello de Pontevedra en la concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza, Cespa. La causa ya había sido inicialmente sobreseída el pasado mes de marzo, decisión que fue después recurrida por la Fiscalía.

En las dos ocasiones el gobierno local siempre alegó que "no hay nada que ocultar", como se apuntó ayer con las adjudicaciones de Santa Clara y la avenida de Lugo, y negó que el alcalde u otros concejales mediaran para "colocar" a conocidos en la plantilla de la empresa.

Al margen de los dos casos que implicaban al Concello, las otras dos piezas separadas también fueron archivadas por juzgados pontevedreses. Se trata de las referidas a una obra ejecutada también por Eiriña, para Ence con cargo a una subvención con fondos europeos, y, por otra parte, el expediente que investigaba supuestas irregularidades en las contrataciones de obras por parte de la delegación en Pontevedra de la entonces Consellería de Política Territorial de la Xunta.

El archivo conocido ayer da carpetazo a la operación Patos en Pontevedra y a una investigación de la UDEF de la Policía por la remodelación de la calle Santa Clara, unas obras de mejora en un vial de Salcedo y la reurbanización de la Avenida de Lugo, además de una donación de la empresa constructora para la Cabalgata de Reyes pontevedresa. El informe de esta unidad policial destacaba el levantamiento de los reparos que realizaba el alcalde, Miguel Fernández Lores, para que la propia empresa se encargase del plan de seguridad y salud de las obras. Como admitió ayer García Legísima, era un procedimiento habitual del Concello que se justificaba en la falta de medios y en el ahorro de costes pero que la administración local cambió, precisamente, a raíz de la apertura de esta investigación judicial.

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