El debate sobre la eutanasia y el auxilio al suicidio siempre es intenso. Desde hace tiempo hay voces que piden la regulación del derecho a morir, algo que ya sucede en otros países europeos. En España, la ley castiga con penas de prisión a quien auxilie a alguien a quitarse voluntariamente la vida o a quien induzca a otra persona a hacerlo, aún incluso con fines humanitarios. En Pontevedra, el pasado año, los juzgados de la provincia abrieron tres investigaciones por posibles casos de auxilio al suicidio, aunque todas ellas resultaron archivadas, según confirman fuentes de la Fiscalía Provincial.
Se trata, en la mayoría de los casos, de investigaciones "profilácticas o preventivas" que se abren ante algún indicio o sospecha de que el fallecido pudiera haber tenido algún tipo de colaboración de terceras personas para acabar con su vida pero que terminaron en nada, según confirman desde el Ministerio Público.
Detrás está el eterno debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente. En el ánimo de jueces y fiscales está, simplemente, "aplicar la legalidad", indican.
Y es que cabe diferenciar entre el auxilio al suicidio y el derecho a una muerte sin sufrimiento como destaca Emilia Irimia, portavoz de la Asociación Dereito a Morrer Dignamente de Galicia. Este colectivo está realizando una labor de difusión del popularmente conocido como testamento vital, y legalmente denominado como documento de instrucciones previas que regula la Ley de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais aprobada el pasado año por la Xunta. En ella el ciudadano expresa su voluntad de que su vida no sea alargada artificialmente de ningún modo en el caso de que él no tenga capacidad de decisión y menos si ello supone además la administración de tratamientos que provoquen padecimientos psíquicos o físicos. También se puede expresar el deseo de recibir una sedación paliativa y recibir tratamiento para atenuar este sufrimiento aunque ello suponga incluso acortar una vida que ya tiene fecha de caducidad. "Esto es legal actualmente", dice Emilia Irimia, quien señala que, pese a todo, existen casos de médicos que reticentes a la hora aplicar hasta las últimas consecuencias algunas de las medidas que contempla esta normativa legal. "Sí que hay algunos que se resisten", explica. Asegura que un enfermo terminal "en Galicia se puede morir bien o mal según el médico que te toque en suerte", añade.
De hecho, en la propia memoria de la Fiscalía se explica como el pasado año el Ministerio Público se mostró favorable a la retirada de una sonda nasogástrica a un paciente de un hospital pontevedrés después de la solicitud realizada por los familiares y pese a la oposición de parte del equipo médico. Este conflicto de intereses tuvo que resolverse en el juzgado, y la Fiscalía, apoyada por la opinión de un informe forense en el que destacaba los padecimientos del enfermo terminal y en la postura también favorable a la retirada de la sonda del comité de ética del complejo hospitalario, respaldó ante el juez la petición de la familia. En este caso, finalmente el equipo médico accedió a la retirada de la sonda aún cuando todavía no había resolución judicial, falleciendo el paciente dos días después de aquella medida. Y "sorprendentemente" para la Fiscalía, la decisión del juez fue en contra de su criterio y el de los expertos, desautorizando la medida.
La portavoz de la asociación Dereito a Morrer Dignamente señala que, con todo, esta ley "tiene lagunas". Señala por ejemplo que no existen los medios sanitarios suficientes actualmente para que un enfermo terminal "pueda morir en su casa, rodeado de los suyos, si lo desea, como recoge la ley" y que tampoco "son los mismos recursos los que tienen a su alcance los pacientes de las grandes áreas urbanas que los del medio rural".
Despenalizar la eutanasia
De vuelta a la polémica eutanasia y al suicidio asistido; Irimia, que remarca que la asociación DMD "no actúa nunca al margen de la legalidad", sí reconoce que el colectivo es favorable a la derogación del artículo 143 del Código Penal que castiga con penas de entre 4 y 8 años de cárcel a quien auxilie al suicido y se cambie la ley para que "se pueda recurrir a la eutanasia activa y al suicidio asistido", siendo más "favorables" a la primera opción que a la segunda.
