27 de noviembre de 2016

La mala gestión de los administradores origina uno de cada cuatro concursos de acreedores

Un 25% de los expedientres tramitados en Pontevedra son calificados como "culpables" y pueden tener consecuencias para el patrimonio de los empresarios cuya firma quiebra

27.11.2016 | 03:45

La dureza de la crisis llevó a muchas firmas pontevedresas al borde de la zozobra. Los tres juzgados de lo Mercantil de la provincia (dos de ellos en la capital y uno en Vigo) multiplicaron su carga de trabajo y cientos de empresas acabaron en proceso de concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas y obligaciones contraídas. La mayoría acababan liquidadas y vendidas por piezas y eran muchas menos las que lograban volver a flote tras renegociar la deuda y firmar un convenio con los acreedores.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se calcula que solo en los últimos seis años se habrían liquidado un total de 821 sociedades en los tres juzgados de lo Mercantil de la provincia de Pontevedra. ¿Pero es toda la culpa de la crisis? Si bien es cierto que con viento a favor es más fácil evitar comportamientos inadecuados, hay que subrayar que en ocasiones son los propios empresarios o administradores de las sociedades los que han puesto mucho de su parte para acabar en la bancarrota. Según los datos de la última memoria de la Fiscalía de Pontevedra, en uno de cada cuatro concursos que se declaran en la provincia existió responsabilidad por parte de los administradores a la hora de llevar a la empresa a la quiebra.

Concretamente, un 26% de los concursos analizados por la Fiscalía a lo largo de 2015 fueron declarados "culpables" por parte de los tres juzgados de lo Mercantil de Pontevedra. Se trata 34 de los 131 concursos tramitados el pasado año. En el resto de casos los concursos se calificaron como "fortuitos".

Esta calificación del concurso se realiza siempre que la empresa entra en fase de liquidación o se aprueba un convenio con una quita superior a un tercio de la deuda contraída y tiene como objeto conocer las causas que llevaron a la firma a esta situación de insolvencia. En el caso de que se detecte que la actuación de los administradores fue la que provocó esta situación -o la agravó seriamente- se declara el mismo como culpable.

Causas de la culpabilidad

Fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, a quienes corresponde el análisis de los concursos de acreedores que se decretan en la provincia, señalan que las causas de culpabilidad de un concurso pueden ser múltiples. Desde la simple dejadez a la hora de llevar las cuentas a descapitalizar por completo una empresa antes de decretar el concurso (es decir, vaciarla para evitar que sus bienes acaben en manos de los acreedores). Este último caso es el menos común, pero sí que ha dado lugar a la incoación de más de una causa penal contra responsables de empresas pontevedresas, tal y como afirma la propia Fiscalía en su memoria.

Alterar documentos contables o la demora a la hora de pedir la declaración de concurso, acumulando cada vez más deuda, son otras de las situaciones que pueden llevar al juzgado a declarar la culpabilidad del empresario. Además, el nuevo Código Penal ha ampliado de forma significativa el abanico de situaciones por las que el administrador de una empresa puede incurrir en un ilícito de insolvencia punible.

Inhabilitación

¿Y qué le ocurre a estos administradores? Pues lo más probable es su inhabilitación para desarrollar actividades comerciales y empresariales durante un tiempo determinado pero también se da el caso de que tengan que responder con su propio patrimonio ante los acreedores. Fuentes de la Fiscalía confirman que hay resoluciones de los juzgados de lo Mercantil de la provincia, algunas de ellas muy recientes, que han castigado a estos empresarios negligentes a afrontar con su propio patrimonio el 100% de las deudas pendientes de cobro. Normalmente, a pesar de estas sentencias, el criterio que está imponiendo la Audiencia Provincial tras los correspondientes recursos es que finalmente se condene al empresario a afrontar con sus bienes en torno al 30 o 40% de las cantidades que se dejaron a deber, salvo en aquellos casos más flagrantes y en donde la intención descapitalizadora o la negligencia de los administradores fuera especialmente grave o negligente.



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