El gobierno provincial aprobó esta mañana el presupuesto de la Diputación de Pontevedra para el año 2017, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Marea. Las cuentas ascienden a un total de 152 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,27% respecto al ejercicio anterior.

El debate en el que se aprobó el documento fue seguido desde el patio de butacas por algunos alcaldes del Partido Popular de la provincia.

Por el grupo popular, la diputada Nidia Arévalo reprochó al gobierno provincial la falta de "participación" en la elaboración de las cuentas, algo prometido en su día por la presidenta Carmela Silva, según apuntó Arévalo quien calificó a los presupuestos de "vacíos de contenido, de propuestas, inconcretos" con lo que "tendremos un año más esta institución paralizada", lamentó. El PP se quejó del "dedazo" de la presidenta de la Diputación a la hora de otorgar ayudas "nominativas, algo que según usted era ilegal", le recriminó.

La presidenta, Carmela Silva, respondió a la concentración de alcaldes del Partido Popular en el pleno que "yo recibo a uno, a dos, a cuarenta alcaldes, pero a grupos de presión no". Anunció que en los próximos días se conocerá el reparto de las aportaciones a los concellos y en contestación a las continuas interrupciones y descalificaciones desde la bancada popular, sugirió a los diputados de la oposición que "es tiempo para el diálogo, para el amor, para el flower power, para ser felices", sumándose a los mensajes de Rajoy y Feijóo sobre tratar de lograr acuerdos y facilitar gobiernos.

El presupuesto aprobado supone, entre otras cosas, incrementar en 12 millones las ayudas a los concellos -apuntó el diputado provincial de Economía, Carlos López Font-, con un Plan Concellos valorado en más de 41 millones, a los que se suma los 13 millones destinados al plan de empleo. En su repaso a la elaboración de las cuentas, López Font explicó que el actual gobierno provincial tuvo que "resolver la desfeita" de las Pousadas abiertas por el anterior ejecutivo, además de reformular los viveros de empresas de Lalín y Barro, a los que incluyó en el paquete de la "pésima herencia" recibida del Partido Popular.

Mantener la autonomía municipal, el empleo, la igualdad, la cohesión social y las infraestructuras son los objetivos apuntados por el equipo de gobierno a la hora de confeccionar estas cuentas, en las que -indicó el vicepresidente César Mosquera- "desaparece la libre disposición" y se fijan "criterios objetivos con todo el mundo" a la hora de gastar el dinero público.

El diputado de Marea, Xosé Lois Jácome, explicó antes de anunciar su abstención que la formación a la que representa rechaza la existencia de esta institución "no así de los servicios que presta, mientras no sean transferidos a otras administraciones".