El Concello de Pontevedra conmemoró ayer el día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial y lo hizo reclamando que se extienda el límite de 30 kilómetros por hora como velocidad máxima a todas las ciudades y los entornos urbanos, un plan que ya está en marcha en Pontevedra desde 2010. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, volvió a defender en su intervención la instalación de medidas físicas de reducción de velocidad en la ciudad como fórmula para garantizar el cumplimiento de estos límites máximos de velocidad y mantener las buenas cifras que en materia de seguridad vial se están registrando en la ciudad de Pontevedra. "Eso es algo que no es discutible", insistió Lores, al reiterar que precisamente estos reductores de velocidad "son inevitables" y casi la única fórmula para hacer cumplir la "zona 30" y con ello reducir la siniestralidad y la gravedad de los accidentes en las ciudades.

Lores reconoció la "catástrofe global" que suponen las cifras de fallecidos por siniestros de tráfico. El regidor considera que se utiliza de forma errónea el término "accidente" para referirse a este tipo de sucesos en la medida de que se trata de incidentes "evitables". Por ello, el alcalde de Pontevedra cree que la mejor forma de referirse a ellos es como "violencia viaria".

Fernández Lores coincidió con los representantes de Stop Accidentes en que es "una responsabilidad" de las administraciones adoptar medidas para reducir drásticamente las cifras de siniestralidad. Con todo, reconoció que en los últimos años en el estado español se han adoptado decisiones clave para reducir el número de fallecidos en las carreteras como el carné por puntos, la persecución por la vía penal de determinados comportamientos la volante, así como también la mejora de las vías y la renovación del parque móvil.

Una medidas que desembocaron en un importante descenso de las víctimas en las carreteras convencionales en los últimos años. Una tendencia que, según Lores, está costando más trasladar al ámbito urbano. En este sentido, defendió con ímpetu la necesidad de que se aplique de forma obligatoria en todas las ciudades esa "zona 30" por la que ya apuesta Pontevedra, uno de los municipios precursores en esta medida. De hecho, la petición de Pontevedra está ya en manos de la DGT pero la medida encuentra el freno de un dictamen del Consejo de Estado que advierte de posibles colapsos de tráfico al reducir los límites de velocidad.

El regidor cree que la advertencia del Consejo de Estado es un error y se basa en "prejuicios inexactos" dado que actualmente la velocidad media de circulación en la mayoría de las ciudades es menor a estos 30 kilómetros por hora, debido, precisamente, a que sí están colapsadas.

Lores cree que es fundamental asimilar conceptos como la retirada de tráficos innecesarios de las ciudades, como aquellos "que solo buscan un aparcamiento inexistente en el centro" y la reducción a 30 kilómetros por hora permitirá aumentar la velocidad media en las travesías urbanas evitando los colapsos (siempre por debajo de esos 30 kilómetros por hora). Reducir la velocidad no solo permitirá circular mejor, sino también reducir la siniestralidad y limitar las emisiones contaminantes a la atmósfera.

De estas tres ventajas, la que reunía ayer ante la casa consistorial a miembros de la Corporación (además del gobierno del BNG había representación del PP y de C´s) y a diversos colectivos ciudadanos era la eliminación de las víctimas de la violencia en las carreteras. Y el alcalde volvió a exhibir los datos que demuestran que la fórmula está funcionando en Pontevedra: Se pasó de 30 fallecidos en el periodo 1997-2006 en el casco urbano de la ciudad a tan solo 3 entre 2006 y 2016. Además, no se contabiliza ninguna víctima mortal por accidente en las zonas tratadas urbanísticamente en los últimos cinco años y los accidentes graves pasaron de 190 a solo 12 en diez años.

Una barrera física y mental

Lores insistió en que la única fórmula válida para controlar la zona 30 son los reductores de velocidad. "Los radares no valen", insistió, y reveló que la Policía Local está detectando que los pocos atropellos que se siguen registrando en el casco urbano se producen en los pasos de peatones que todavía están sin elevar. Para Lores, los polémicos "lombos" están salvando vidas y explica que una de las la razones está en el subconsciente del conductor. Elevar la plataforma no solo supone una barrera física ante la que el vehículo deberá reducir la velocidad para pasar, sino que también tiene un efecto sobre el subconsciente del conductor que percibe que está entrando "en terreno que pertenece al peatón y no al coche". Explica que no ocurre lo mismo en los pasos sin "lombos".

El alcalde volvió a recordar los estudios que demuestran que las posibilidades de muerte de un peatón se incrementan en un atropello un 50% cuando el vehículo que lo arrolla circula a 50 por hora.