El Concello rechazó ayer la metodología utilizada en el estudio que sitúa a Pontevedra entre las ciudades más pobres de España en inversión social, con 35 euros por habitante. El Gobierno local considera que esta cifra, aportada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es inexacta y en realidad mucho mayor en el caso del municipio, aunque "imposible de cuantificar".
"Lo que sucede en este tipo de cuestiones es que no hay un protocolo ni una metodología específica para medir ese gasto, que se realiza solo a través de los datos de Hacienda", aseguró ayer la concelleira de Benestar Social, Carmen Fouces, que añadió que cada concellería tiene una serie de áreas en las que se imputan estas inversiones. "Pero no en todos los concellos se hace lo mismo. Los hay que en la partida Social meten Deportes, Cultura y Fiestas", recalcó. La cuestión radica en que lo que se considera "gasto social" es como una especie de "cajón de sastre", según Fouces.
La responsable de Benestar Social de Pontevedra recordó que en el citado informe no se imputa la cesión gratuita de solares realizada por el Concello a asociaciones como Amencer-Aspace o Juan XXIII. "Son grandes solares, muy costosos, de millones de euros". "Son millones de euros que se podrían incluir en el gasto social de otras maneras, pero nosotros no le hemos hecho", informó.
"El gasto social a cómputo de Hacienda no tiene nada que ver con el gasto que después revierte en la sociedad. En esto hay bastantes trampas, y de ahí salen este tipo de datos. Yo entiendo que son los que manejan estas asociaciones. Podrían llamarnos y preguntarnos y le daríamos otro tipo de información", indicó.
"A mí me interesaría más que entidades de este tipo me preguntasen más por datos finais, es decir, que me preguntasen por cuántas personas tenemos en lista de espera del Servizo de Axuda no Fogar o de niños becados por los servicios sociales para los comedores escolares", consideró.
Para Carmen Fouces, lo importante es si las conclusiones o resultados "son aceptables o no".
"El Concello de Pontevedra tiene un programa de atención por la noche a personas que viven solas, en colaboración con la Policía Local y uno pionero de atención psicológica a hijos de mujeres víctimas de violencia de género", informó.
En este sentido, la concelleira hizo hincapié en que el Concello había recibido, desde 2011, "1.700.000 euros menos de la Xunta de Galicia por año". "Con ese dinero menos hemos sido capaces de tocar todos los palos. Según la Ley de Inclusión, los concellos tienen que poner el 30 por ciento del coste de los Servicios Sociales, nosotros estamos poniendo el 70 por ciento", aseveró.
Desconocimiento del informe
Por su parte, la presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva, dijo "no tener conocimiento" sobre el informe ni saber quién lo había realizado ni "el rigor ni la validez que tiene".
"Sinceramente, lo pongo en duda, porque conozco muy bien, sobre todo la ciudad de Vigo. Lo estudiaré para conocer qué datos que tienen. Pero ya me llaman mucho la atención esos resultados, porque Vigo es la única ciudad de Galicia que tiene un albergue. Cada año se dedican millones de euros a la pobreza, es la única ciudad que tiene cero desahucios y se dan respuesta a los problemas de alimentación y pobreza energética", informó.
En la misma línea, la socialista apostilló que "en este país todo el mundo hace informes". "Pero yo no lo conozco en profundidad, ni sé quién lo elaboró ni qué datos utilizó. Lo estudiaré en profundidad y daré mi opinión", dijo.
La presidenta de la Diputación provincial confesó que en Pontevedra y Vigo "no se ve gente durmiendo en la calle en todas las esquinas" y comparó a ambas ciudades, en este sentido, con Madrid, donde sí es algo habitual, consideró. "Por ejemplo, en Santiago y A Coruña sí se ven. Si esto fuese así aquí se verían, ¿no?".
