Las declaraciones de ayer de Carmela Silva con respecto al Pazo de Lourizán se dirigían "exclusivamente" al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "porque aquí se gestiona la público y las relaciones deben ser entre instituciones". De esta forma, la titular de la Diputación daba la espalda a posibles contactos con Ence porque "no admito invitaciones de empresas privadas". Se refería a la petición de que la entidad provincial se implique en el reparto de los tres millones de euros anuales que la empresa promete entre las entidades sociales y deportivas de la comarca, un reparto que solo ha aceptado, por el momento el Concello de Marín, pero del que se han desmarcado los de Pontevedra y Poio al considerarlo una "compra de voluntades".
Carmela Silva no llegó a ese extremo, pero sí deja al margen a Ence de cualquier negociación, sobre este o sobre cualquier otro asunto de carácter institucional. "Esto parece el mundo al revés, en el que las empresas instan a las administraciones y se confunde lo público con los privado", señaló la titular de la institución provincial, que insiste en que "no admito invitaciones de empresas privadas, ni de esa (en relación a Ence) ni de ninguna otra porque aquí se defiende lo público y el interés general". Silva admite que "es muy legítimo el interés privado y particular, pero yo no hablo con empresas privadas".
Por ello, dejó claro que "me dirijo al vicepresidente de la Xunta para que nos explique qué planes tiene" para un edificio -el Pazo de Lourizán- que es propiedad de la Diputación pero con una cesión a la administración autonómica hasta 2020. "Mientras no conozcamos el proyecto no puedo fijar posición alguna".
La rehabilitación que anuncia la Xunta, a la que está obligada por el citado convenio de cesión, está previsto con una aportación de cinco millones de euros de Ence y para crear allí un centro de investigación de la empresa.
