Los vecinos entregan 800 firmas para aplazar el derribo de la casa de la familia de Postemirón

Vilaboa apela al "sentido común" y reclama "justicia" -El matrimonio, perjudicado por la falta de PXOM, está citado el 11 de octubre en el Juzgado número 1 de lo Penal

22.09.2016 | 03:07

Vilaboa muestra su solidaridad. Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita ayer delante del edificio de la Xunta en Pontevedra para protestar contra la "injusticia" que está sufriendo la familia de Postemeirón acusada de delito penal por la construcción de su casa. Según la Fiscalía, los dos cónyuges edificaron su vivienda en un terreno que, a falta de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, es considerado como ilegal por las normas actuales de urbanismo que rigen en la localidad.

La concentración pacífica fue "un acto simbólico" a través del cual Vilaboa mostró su apoyo a la familia. Además, sirvió como acompañamiento a la entrega de más de 800 firmas en el registro de la Xunta para solicitar la retirada de la acusación contra los cónyuges y la suspensión del proceso penal.

La pareja está citada para el próximo día 11 de octubre en el Juzgado número 1 de lo Penal de Pontevedra. Como informó ayer este periódico, la Fiscalía solicita un año y medio de cárcel para Lourdes Pérez y su marido (que acudieron ayer a la concentración), así como una multa de 14.000 euros y el derribo de su vivienda. Una demolición que ellos mismos deberán pagar y que está valorada en 60.000 euros, por lo que además, pesa sobre ellos una orden de embargo del 30% sobre sus ingresos como forma de aval.

Ante la situación, Vilaboa exige "sentido común" para evitar que los expedientes urbanísticos por la falta de aprobación del PXOM generen "situaciones tan injustas". "El de esta familia es el caso más grave, pero existen al menos una decena más que están en distintas fases administrativas", señaló Esther Marín, presidenta de la Asociación de Vecinos Postemirón-A Graña.

"Mala suerte"

Para Marín, la única diferencia entre el expediente de la vivienda de Lourdes Pérez y el de otras es "la mala suerte". "El suyo es un caso especial. Es una casa que se construyó en 2003, hace muchos años, y a la cual la expedientaron justo en el momento en el que estaban tratando de regularizarla", explicó.

Tras la entrega de firmas, la asociación tratará de seguir consiguiendo más para entregar más remesas al juez. El objetivo es demostrar "que no están solos" . "Si el juez es el encargado de impartir justicia, debería ser justo y al menos aplazar la vista", finalizó Marín.

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