Ponte Caldelas sancionará con 10.000 euros cada tres meses a las empresas del tanatorio

El gobierno tripartito da por finalizada la vía de la negociación y busca recuperar "un servicio muy necesario para la villa"

21.09.2016 | 03:08
El alcalde y dos concejales en las instalaciones el tanatorio. // FdV

El gobierno local de Ponte Caldelas sancionará con 10.000 euros de multa, por incumplimiento de la legalidad urbanística, a las funerarias Alianza y Barros y Albia-Santa Lucía, que gestionan conjuntamente el tanatorio de la villa. Las multas, que se repetirán cada tres meses, son a consecuencia "de la incapacidad de las dos firmas para llegar a un acuerdo para reparar las deficiencias en la cubierta y reabrir unas instalaciones que llevan tres años cerradas", apuntan desde el Concello.

El alcalde, Andrés Díaz, mantuvo una reunión con los gerentes de las dos empresas en octubre del año pasado, en la que ambos quedaron comprometidos a asumir a medias una reparación estimada en unos 90.000 euros. Según el regidor, "las buenas palabras quedaron incumplidas", por lo que el Concello de Ponte Caldelas abrió este verano un complejo expediente sancionador de reposición de la legalidad urbanística, que incluye la propuesta de resolución de imponer multas coercitivas trimestrales que se irán acumulando hasta alcanzar el tope máximo de un 75% del presupuesto de la reparación.

Las garantías a las que la ley obliga en los trámites de notificación y presentación de alegaciones por parte de las empresas están derivando en un lento avance del expediente que, no obstante, ya está en la recta final. El Concello de Ponte Caldelas, que en el pasado no inició ningún procedimiento de estas características, estudia cada paso para protegerse ante posibles recursos.

El gobierno tripartito del PSdeG-PSOE, AVP y BNG, entiende que Ponte Caldelas "no puede seguir sin servicio de tanatorio. Es una necesidad social muy demandada y el Concello está al lado de los vecinos para solucionarlo. No podiamos quedar de brazos cruzados; sabemos que es un negocio privado y no podemos obligarles a abrir, pero sí podemos obrigarles a cumplir la legislación urbanística".

Subrayan desde el Concello que "si no quieren retomar la actividad, siempre pueden vender". El gobierno señala que "explorará todas las vías posibles para que Ponte Caldelas vuelva a disponer de un servicio muy necesario".

El alcalde, con esta decisión, dá por agotada la mediación con las empresas.

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