La Xunta, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), remitió al Concello de Ponte Caldelos planos que indican los terrenos que debe poner a disposición para la ejecución de las obras de mejora de la seguridad viaria en la carretera PO-234, Augasantas-Ponte Caldelas, a su paso por este municipio.

La conselleira, Ethel Vázquez, trasladó esta semana por carta al alcalde que la reforma de esta vía es una actuación necesaria para elGobierno gallego, que tiene interés en "acometerla cuanto antes". Asimismo, indica que esta actuación se dividió en tramos con el objetivo de hacer viable y eficiente su realización.

Indica también que están determinadas las inversiones precisas para la licitación de ambos tramos, de cerca de 633.000 euros el primero y, el segundo, de casi 679.000 euros.

Precisamente, ayer el regidor Andrés Díaz exigió ayer que "explicaciones a Ethel Vázquez por filtrar su correspondencia oficial al alcalde de Cotobade.

Además, Díaz y concejales de su gobierno acudieron a la asamblea convocada por el grupo municipal del PP en Laxoso por la polémica obra de la PO-234 y en la que también se encontraba el alcalde de Cotobade, Jorge Cubela. Díaz tomó la palabra para explicar que la mediación de Ponte Caldelas permitió la cesión del 90% de los terrenos, "por lo que solo hace falta que la Xunta inicie el procedimiento legal. El abogadocon el que se presentó el gobierno tripartito señaló a los asistentes que "la cesión de terrenos de los vecinos de la comunidad de montes de Cotobade no tienen valor jurídico alguno, porque la obtención de los terrenos en la PO-234 es competencia exclusiva de la Xunta, al estar incluida en la Red Autonómica de Estrada de Galicia".

Se resaltó por parte de Andrés Díaz en la asamblea la "contradicción" de Cubela al admitir que firmaron todos los vecinos de su municipio y también que el proyecto de la Xunta incluía casi un kilómetro en el municipio de Ponte caldelas.

Ayer, la Plataforma vecinal que exige el arreglo de este vial mostraba el apoyo a la manifestación del día 17 convocada por el gobierno tripartito en protesta por la "discriminación" de la Xunta hacia Ponte Caldelas.