El sindicato Unións Agrarias reclama la convocatoria urgente de las Mesas do Viño de todas las denominaciones de origen para negociar los contratos de compra de uva entre viticultores y bodegas. De acuerdo a lo que estipula la Ley de la Cadena Alimentaria estos acuerdos deben ser firmados antes del comienzo de la vendimia en menos de un mes.

El secretario xeral del sindicato, Roberto García, ha anunciado el "carácter urgente" que tiene la firma de estos contratos ya que hay tres razones por las que esta vendimia se presenta "complicada". Esta serie de circunstancias son la reducción que se espera para este año de la cosecha, el aumento de los costes de producción por el elevado número de tratamientos fitosanitarios y la falta de stock en las bodegas, resumió García.

A pesar de la urgencia por la proximidad de la vendimia el secretario xeral del sindicato advirtió a los viticultores de que no firmen ningún contrato antes de la convocatoria de estas mesas. El motivo es que en la vendimia pasada "no hubo ningún tipo de negociación" ya que "todos los acuerdos firmados" por cada una de las bodegas reflejan que "se pagó el mismo precio a los viticultores".

Uno de los objetivos que tiene el sindicato con la convocatoria de las Mesas do Viño es que los contratos sean "más justos" para los viticultores. Un punto que se marcan para cumplir en estas reuniones es "el incremento del precio de la uva" desde los 0,90 céntimos por kilo del año pasado hasta 1,35 euros. Desde el sindicato también quieren favorecer "los contratos de larga duración" entre los viticultores y las bodegas con un "precio adaptado" a las circunstancias de cada vendimia.

Roberto García quiso recalcar que la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada el año pasado no ha sido cumplida por las bodegas aún que "sí se han producido mejoras". Denunció que en la vendimia del año pasado la totalidad de las bodegas incumplió el plazo del pago de la uva que la ley marca en un máximo de 30 días tras la entrega. En alguna de las bodegas este plazo de pago se ha reducido pero continúa lejos de lo marcado por la ley. Esta es una de las razones por la que García declara que la ley "se ha cumplido en la estética pero no en el contenido".

En el caso de que se perpetúe el incumplimiento de la ley, Roberto García ha declarado que se iniciará "un plan B" llevando a cabo una serie de medidas de presión como la presentación de un recurso en el Tribunal de Defensa de la Competencia.