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Sanidade Pública cree que la movilización social forzó a la Xunta a optar por Montecelo

El colectivo no descarta que se use al hospital único como promesa electoral

Vista del Hospital Montecelo. // Rafa Vázquez

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que el acuerdo entre la Xunta y el Concello de Pontevedra para la creación del hospital único con la ampliación de Montecelo es "un triunfo de las movilizaciones sociales y profesionales impulsadas por la Plataforma SOS Sanidade Pública, la Xunta de Persoal y nuestra asociación desde hace años".

El hecho de que el Consello de la Xunta diese el visto bueno esta misma semana al convenio, que se firmará próximamente, ha sido interpretado por los colectivos de defensa de la sanidad pública como una consecuencia del fracaso del nuevo hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro, "de colaboración público privada", "cuyo modelo pretendía aplicarse en Pontevedra para levantar un nuevo hospital en Montecarrasco".

En esta línea, las asociaciones consideran "escandalosos" los años de retraso que se han ido acumulando para contar con una infraestructura adecuada. Así, señalan que el Hospital Provincial "es indigno para la atención hospitalaria". "Se han satisfecho los intereses electorales del PP y los empresariales de algunas constructoras afines", critican.

Pese a los últimos avances respecto al proyecto, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública muestra su desconfianza asegurando que es posible que se trate de "un nuevo intento de Núñez Feijóo de influenciar en la próxima campaña electoral con algo creíble para Pontevedra que después no piensa cumplir". "Desde nuestra asociación consideramos necesario mantener e impulsar la Iniciativa Lexislativa Popular para que el Parlamento Gallego apruebe la creación del hospital único dotado de los servicios correspondientes que necesita Pontevedra y su área sanitaria", concluyen.

El acuerdo podría firmarse la próxima semana, con lo que se comenzará un proceso que se quiere culminar en 2020, aunque se trata de un calendario provisional.

El Concello asumirá dos compromisos: adaptará la ordenanza fiscal del IBI para eximir al Sergas de este impuesto en todos sus centros asistenciales y aportará cuatro millones de euros en tres fases a partir de 2017.

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