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La Audiencia deberá volver a revisar la condena por fraude fiscal contra la Cooperativa del Mar de Marín

La Fiscalía impugnó el recurso de apelación interpuesto por el presidente, Luis Santiago Pereira

De nuevo la Audiencia Provincial deberá revisar al condena de tres años de prisión impuesta al presidente del consejo rector de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín, José Luis Santiago Pereira, por tres delitos contra la Hacienda Pública. Un fallo que también imponía al acusado multas por valor de un millón de euros y obligaba a la entidad a indemnizar a Hacienda con 745.000 euros.

Como era previsible, la defensa de Santiago Pereira presentó recurso de apelación contra este nuevo fallo condenatorio dictado por el juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, recurso que acaba de ser impugnado por el Ministerio Fiscal.

Cabe recordar que Luis Santiago Pereira fue condenado en términos similares en una primera sentencia emitida por este mismo juzgado de lo Penal número 3. La defensa recurrió ante la Sección Cuarta de la Audiencia y esta anuló el fallo, al entender que no se encontraba lo suficientemente motivado, además de vulnerar el derecho de defensa del acusado. Ordenaba a la magistrada del Penal número 3 dictar una nueva sentencia, lo que ocurrió en mayo, siendo esta de nuevo condenatoria e incluyendo la motivación que exigía la Audiencia.

Ahora el caso volverá de nuevo a la Sección Cuarta que deberá tomar de nuevo una decisión. El fiscal pide que se ratifique la condena. La defensa en su recurso ataca cuestiones como la autoría por parte de José Luis Santiago Pereira de los delitos contra el fisco que se le atribuyen. La Fiscalía destaca que la jueza de instancia ha añadido nuevos argumentos en este puntos para sostener la sentencia como el hecho de que "el condenado reconoció que conocía perfectamente el sistema de contabilidad utilizado y toda la operativa que fundamenta el delito contra la Hacienda pública y además la defendió como correcta". "Nunca alegó ignorancia del método utilizado", añade.

Según el fallo recurrido, la cooperativa habría realizado operaciones de venta de pescado en B por valor de 14,6 millones entre 2008 y 2010.

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