El Concello de Sanxenxo recurrirá la sentencia dictada por la Seccion Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le condena a abonar a los Hermanos Rocafort 3.010.872 euros en concepto de expropiación. Una cantidad a la que habría que sumar los intereses generados desde el momento en el que comienza la reclamación judicial.
La sentencia, que llegó esta misma semana a la administración local, establece un plazo de 10 días para la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un documento en el que los servicios jurídicos están ya trabajando. Sin embargo, las posibilidades legales de rebajar esta cuantía son escasas toda vez que el gobierno anterior del Partido Popular aportó a este procedimiento, en abril de 2015, una valoración de la parcela de 2.609.332 euros, cantidad que tildó además de "adecuada".
Para entender lo ocurrido en este expediente hay que remontarse veinte años atrás. Las Normas Subsidiarias, que estuvieron en vigor trece años, recogían el carácter de zona verde de la parcela propiedad de la familia Rocafort, situada en las inmediaciones del Paseo de Silgar, en la calle de As Cunchas y estipulaban una expropiación como fórmula para que esta superficie pasase a ser de disfrute público.
En el año 2003, la aprobación del PXOM mantiene esa misma calificación urbanística, pero la adscribe al Suelo Urbanizable número 20, situado en Canelas, impidiendo así cualquier posibilidad de negociación. De esta forma la parcela de la familia Rocafort, denominada en el PXOM como ZV E63 B, pasa a ser una carga para los propietarios del SU 20, que asumen el ponerla a disposición del Concello como condición para poder realizar su desarrollo.
Para el tripartito fue "una decisión urbanística que en ningún momento fue consensuada, ni planteada, a la familia Rocafort, lo que provocó como primera reacción de los propietarios presentar un contencioso-administrativo contra el PXOM, pidiendo la anulación de esta decisión".
Consiguen una sentencia favorable, a partir de la cual, y ya en el año 2011, los propietarios de la E63 B se dirigen inicialmente al Concello para que proceda a expropiarle la finca, y una vez desestimada esta petición por parte de la Xerencia de Urbanismo recurren al Jurado de Expropiación de Galicia, al que solicitan la fijación del justiprecio de la expropiación, logrando en el año 2013 una valoración de 3.010.872 euros. Esta cantidad, que fue recurrida tanto por los propietarios como por el gobierno anterior, es ahora ratificada en la sentencia del TSXG.
Al gobierno tripartito le sorprende que hasta el año 2011, fecha en la que los propietarios de esta parcela exigieron que se ejecutase la expropiación de la finca, el gobierno del Partido Popular no hubiese iniciado negociación alguna con la familia para evitar una sentencia como la que ahora se confirma. Deducen por tanto que fueron las "artimañas urbanísticas que caracterizaron una etapa muy concreta del urbanismo en Sanxenxo las que derivaron en que este expediente acabase judicializado".
Insisten desde el grupo de gobierno en que "haber vinculado esta parcela al SU 20, sin negociación previa con la familia afectada, es lo que dio como resultado esta sentencia y el encarecimiento en la valoración actual de esta parcela".
Hace tan solo unas semanas Telmo Martín, portavoz del Partido Popular y artífice del acuerdo urbanístico referido, "consciente de la decisión temeraria que adoptó en el año 2003" utilizaba las redes sociales para adelantarse también a esta sentencia, demoledora para los intereses del conjunto de los ciudadanos de Sanxenxo, según indican desde el Concello.
Por ello, el gobierno local considera que esta sentencia "es la gota que colma el vaso y la razón que debería motivar que Telmo Martín, alcalde en el momento de la aprobación del PXOM, en un ejercicio de responsabilidad política, renuncie a su acta de concejal y abandone la política local de forma definitiva. Porque esta es una consecuencia directa de la gestión urbanística que aplicó en Sanxenxo", afirma el tripartito.
