Barro no renovará a los Morones la gestión del mercadillo, que vence en marzo de 2017

El bipartito anuncia que se descarta mantener la actual concesión privada y la feria será de control público -El alcalde Abraldes y el concejal Sanmartín quieren una mayor transparencia

28.05.2016 | 03:25
Sanmartín, Abraldes y Rodríguez. // Gustavo Santos

El mercadillo ambulante de Barro dejará de celebrarse bajo la gestión y control del clan de "Los Morones" a partir del 7 de marzo del próximo año. El gobierno local anunció ayer su intención de no renovar el contrato a la asociación concesionaria del mercadillo, considerada una entidad dirigida por los cabecillas de los Morones, Sinaí Giménez y su padre Olegario, en prisión provisional y arresto domiciliario, respectivamente, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, coacciones o amenazas, contra la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

El bipartito de Barro anunciaba ayer su intención de recuperar la gestión municipal directa del mercadillo tras la expiración del contrato firmado por el anterior gobierno local con la Asociación de Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia, ligada a Sinaí Giménez. De este modo, celebrará el lunes a las 21 horas un pleno ordinario en el que entre otros puntos, incluyen la comunicación de no renovación del contrato a la concesionaria de la feria que se celebra las tardes de los domingos.

Un año después de las elecciones, se ejecuta uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre el BNG y PSOE para su entrada en el gobierno. El alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), anunciaba la no renovación con el teniente alcalde, José Sanmartín (PSOE) y la concejala de Promoción Económica, Lía Rodríguez (PSOE). Abraldes indicó que se trata de una "decisión política" y no del expediente iniciado por el Concello sobre el funcionamiento del mercadillo, que no está todavía cerrado. Y es que para la sorpresa del gobierno local el contrato contiene una serie de cláusulas que hasta el momento no se les habían hecho cumplir. Entre otras, nunca se le requirió la relación de vendedores, si están al día con sus obligaciones fiscales y Seguridad Social y el balance de cuentas, unos detalles que investigan ahora en este expediente.

Precisamente una de las cláusulas del contrato indica la renovación automática del convenio siempre que no se le comunique a la asociación lo contrario en un periodo no inferior a seis meses antes del 7 de marzo, fecha de firma del convenio inicial.

Precisamente el bipartito no se quiere "pillar las manos" en problemas administrativos, por eso apuran este trámite administrativo con tres meses de margen. "Queremos dejarlo ya cerrado para que nadie alegue que no se le avisó en tiempo o forma", firmó el alcalde.

"No estamos de acuerdo con el tipo de gestión que se realiza. Es cierto que desde que nosotros estamos gobernando sí tienen casi todos los pagos trimestrales abonados", matizaba Abraldes. "La única garantía de que sea legal es que la gestión sea municipal. Tenemos 9 meses para trabajar cómo se potenciará porque al no tener Policía Local será más complicado, pero al no tener medios tenemos que ser autosuficientes", señaló Sanmartín, que afirmó que los propios concejales se encargarían del control.

La intención del Concello es que con esta medida el mercadillo gane en transparencia, por lo que serán los propios vendedores los que soliciten en la administración municipal su participación. "Si queremos transparencia no puede haber un colectivo o familia que lo controle", apuntaba Abraldes. "No vamos a reinventar el mercadillo, pero sí mejorarlo por los vendedores, vecinos y visitantes. Queremos un efecto llamada y que vendedores, no solo de los que ya estaban viniendo, vendan en Barro, porque este mercadillo es fundamental para la promoción económica de Barro", señaló Rodríguez.

Dentro de las posibles acciones para "relanzar" el mercadillo se citó la amplificación horaria o la reubicación de puestos.

Sin pagar el canon

El 14 de febrero de 2007 echaba a rodar el mercadillo de Barro gestionado por Rías Lacha SL, una andadura que finalizó en agosto de 2013 por orden del gobierno local anterior con José Antonio Landín (PP) como alcalde, después de que la sociedad no llegase a abonar los 12.000 euros de canon anual en ningún momento. Durante el vacío, el Concello le encomendó la gestión a la Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia, mientras se celebraba un concurso público que quedó desierto por trámites incorrectos de las dos empresas solicitantes, por lo que el 7 de marzo de 2014 se firmó el contrato directamente con la asociación de Sinaí Giménez.

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