Una década de total abandono ha convertido el antiguo cuartel de la Guardia Civil entre Loureiro Crespo y Casimiro Gómez en una "amenaza" de "inseguridad e insalubridad" para los vecinos, hasta el punto de que la asociación de A Eiriña entregó ayer en la Subdelegación del Gobierno un total de 828 firmas en la que se demandan actuaciones inmediatas para evitar desprendimientos, presencia de okupas, focos de contaminación y peligro de incendio, como ya ocurrió en varias ocasiones. El presidente del colectivo vecinal, Jesús Cazorro, emplaza al Estado, propietario del inmueble, a "tomar medidas" para adecentar unos terrenos emplazados en medio de un barrio densamente poblado.

Aunque no se inclinan por un uso concreto para reaprovechar esas instalaciones, mostraron ayer su acuerdo con la propuesta del gobierno local de que esos terrenos se utilicen para edificar una nueva Comisaría, una idea planteada hace unos días por el concejal Luis Bará, con quien volvieron a reunirse ayer los vecinos. "Nos parece bien porque estaría mejor comunicada que la actual y con posibilidades de estacionamiento", unos argumentos parecidos a los del Concello. De hecho, en el escrito presentado ayer en la Subdelegación se hace referencia a ese posible uso.

Quejas por escrito

Tras alertar del "abandono, inseguridad e insalubridad" del viejo cuartel, los vecinos reclaman "la limpieza y mantenimiento del edificio y los terrenos colindantes para evitar la imagen negativa que presenta en la actualidad; el control de acceso al edificio, para evitar su ocupación por personas que acumulan basura, lo que crea un grave riesgo de inseguridad y de incendio; y a tramitar una propuesta de nuevo uso del terreno, estudiando la posibilidad de destinarlo a nueva sede de la Policía Nacional".

Esta última solución resolvería, a juicio del Concello, la mala imagen del lugar y la falta de espacio en la actual Comisaría, pese al reciente traslado de las oficinas del DNI. Se plantea el derribo del deteriorado cuartel para levantar en su lugar una nueva Comisaría "más moderna, mejor comunicada y con posibilidad de aparcamiento, incluso subterráneo". Paralelamente, el Estado podría sacar al mercado inmobiliario el inmueble de Joaquín Costa, que ya está catalogado para uso residencial. Esta fórmula, a juicio de Bará, evitaría el "largo proceso" de recalificación y modificación del Plan Xeral de Urbanismo, que inició el Estado poco después de cerrar el viejo cuartel, pero sobre el que no hay avances desde 2010, cuando la Xunta emitió un informe negativo al diseño elaborado entonces.

Todo deriva de la construcción de la nueva comandancia, en Domingo Fontán, estrenada en 2006. Se planteó recalificar la sede de Loureiro Crespo para oficinas y viviendas que serían vendidas para sufragar el nuevo edificio. Pero la crisis tumbó la propuesta y los "okupas" se hicieron dueños del cuartel. El Concello ofrece su colaboración para sacar adelante esta alternativa al entender que la actual Comisaría sí podría salir al mercado para obtener fondos con los que ejecutar unas nuevas instalaciones para la Policía Nacional. Bará admite que "hubo conversaciones" al respecto, pero sin carácter oficial, y la idea es retomar esas posibilidades "en serio" aunque admitió que "es complejo".