Batalla legal por 35 hectáreas de monte en A Caeira

08.05.2016 | 03:15
Vista de A Caeira, en Poio. // Rafa Vázquez

Un caso completamente diferente es el que mantiene en vilo desde el pasado año a unos 300 propietarios de inmuebles en la zona de A Caeira. En este caso, no se trata de terrenos arrebatados por la administración a los comuneros. Lo que el Tribunal Superior de Xustiza anuló en marzo de 2015 fue el deslinde realizado en su día por la Xunta de Galicia por el monte comunal. Esta sentencia señala que el deslinde realizado recoge 27 hectáreas de terreno de la comunidad de San Salvador de Poio, mientras que esta debería contar con una superficie de 62 hectáreas en esa zona. Lo que no quiere decir es que estas 35 hectáreas restantes estén ahí o que forzosamente sean titularidad de los comuneros los terrenos sobre los que están construidos estos centenares de edificios e incluso algunas instalaciones de un centro educativo. Al menos así lo explicaba en su día el letrado que defiende los intereses de los vecinos afectados.

En este sentido, la resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo que deberá de pronunciarse en breve sobre esta cuestión. De confirmarse el fallo, este no devolvería los terrenos a la comunidad de montes, sino que lo que descalifica es el deslinde realizado, por lo que la Xunta debería volver a hacer una nueva delimitación de los terrenos. Es a partir de ahí cuando, a resultas de la misma, sí se podría abrir la puerta a una demanda por la vía civil (hasta ahora se está litigando únicamente en el orden contencioso-administrativo) por la titularidad de los terrenos.

En este sentido, los comuneros de San Salvador también manifestaron su disposición a buscar un acuerdo con los afectados si finalmente la Justicia confirma que hay edificaciones particular construidas sobre monte comunal. Con todo, habrá que esperar a ver qué es lo que determinar el Tribunal Supremo al respecto dado que en este caso no se está hablando de un caso similar a los terrenos de la Brilat en donde se cuestiona la titularidad de los terrenos, sino que lo que se está dirimiendo es la validez de un acto administrativo como es un deslinde efectuado por la administración.

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