Un juzgado de lo Social de Pontevedra acaba de emitir una sentencia en la que condena al Concello de Portas por no adoptar las medidas de protección suficientes contra una trabajadora social que estaba sufriendo constantes amenazas e insultos por parte de los administrados y que acabó sufriendo una grave agresión por parte del padre de uno de ellos que le ocasionó una invalidez permanente. La sentencia es clara a la hora de señalar la inacción del Concello en el momento en el que era alcalde Roberto Vázquez, quien además tenía discrepancias con la trabajadora por la manera en la que realizaba su trabajo, según varios testigos y la demandante.
Mediante la estimación de la demanda interpuesta por esta trabajadora social, el juzgado obliga a la administración a que esta mujer obtenga un incremento del 50% de las prestaciones que percibe (o que pueda percibir en el futuro) por incapacidad temporal y por la invalidez que padece causa de aquella agresión. También obliga al ayuntamiento a abonar el recargo oportuno.
Incapacidad permanente
El fallo judicial emitido por la magistrada del juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra permite observar el calvario que sufrió esta mujer en su puesto de trabajo y que derivó en la grave agresión del 2 de julio de 2012. Una persona de etnia gitana, padre de una mujer con la que tenía cita ese día la trabajadora para tramitar una RISGA, la golpeó en un brazo en la entrada del Concello con una barra de hierro causándole una fractura abierta. La agresión le dejó como secuela un trastorno de estrés postraumático y graves limitaciones de movilidad en el hombro, de tal forma que se declaró su incapacidad permanente.
Ruedas pinchadas y pintadas
La juez de la Sala de lo Social analiza si el Concello tenía conocimiento de que la trabajadora demandante pudiera estar siendo objeto de ataques, control o seguimiento por parte de usuarios de los servicios sociales. Unos ataques que se producían como consecuencia de la forma de actuar de aquella (un mayor seguimiento, rigor y control sobre las ayudas y actuaciones del ayuntamiento en esta materia, lo que provocó malestar entre algunos beneficiarios). Para la juzgadora, no existe "ninguna duda" de que el ayuntamiento de Portas "tenía pleno conocimiento de que la trabajadora social estaba recibiendo amenazas e insultos" por la labor que realizaba de forma diligente y correcta, según el fallo. En el propio concello aparecieron pintadas en su contra que no fueron denunciadas y se le pincharon las ruedas de su coche. En aquel momento, y según se recoge en el fallo a raíz de la declaración de algunos testigos, también había "desavenencias" entre esta mujer y el alcalde puesto que este, al parecer, "pretendía imponer su criterio a la trabajadora social".
La jueza destaca la declaración de un guardia civil que actuó como instructor del atestado levantado a raíz de la agresión quien observó que "había un mal ambiente de trabajo" en el Concello. Dijo a la juez sentirse "impresionado" al constatar que, tras la agresión sufrida por esta mujer, cuando acudió a interrogar a los funcionarios municipales, ninguno aportó información asegurando que no había visto ni oído nada, algo que el agente consideraba imposible por la hora y el lugar de los hechos. Tampoco acudieron al juicio contra el agresor a declarar como testigos. La jueza considera que esta situación de desavenencias de los usuarios de los servicios sociales con la trabajadora social no solo eran conocidas por el ayuntamiento, sino que "podría decirse que tolerada". Sin embargo, en lugar de tomar alguna medida preventiva para evitar una posible agresión, como finalmente ocurrió, "nada hizo".
La propia juez concluye que "se puede leer entre líneas el rechazo por el Ayuntamiento del trabajo que realizaba la actora hasta el punto de desautorizarla y desprotegiéndola frente a un riesgo que era previsible y que pudo haberse evitado", así como las graves consecuencias que aquella agresión tuvo para la salud de esta mujer.
