El Concello inicia la batalla legal contra la prórroga que el Gobierno concedió a Ence

Presenta un requerimiento previo al contencioso - Alega defectos de procedimiento, que fue elaborado por un ejecutivo en funciones, o que vulnera la doctrina del Constitucional

23.03.2016 | 02:58
Reunión extraordinaria de la xunta de goberno local celebrada ayer. // R. Vázquez

El Concello de Pontevedra ha dado el primer paso legal contra la prórroga de sesenta años a Ence, otorgada por el Gobierno en funciones. Una xunta local de goberno extraordinaria celebrada ayer, acordó cursar un requerimiento previo de anulación ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es el primer paso antes de presentar un recurso formal.

El ministerio tiene ahora un mes para contestar a dicho requerimiento, que no se presentó antes -explicó en representación del gobierno municipal el edil Luis Bará- porque se estuvo recopilando la documentación en la que se basa este procedimiento.

Un no por respuesta, o el silencio, abrirá un nuevo período de dos meses para la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.

El requerimiento previo de anulación se dirige contra la resolución de 20 de enero de 2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de la prórroga otorgada a Ence Energía e Celulosa SA sobre la concesión para ocupar 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la marisma de Lourizán.

El Concello de Pontevedra expone hasta catorce argumentos legales contra la concesión de una prórroga que entiende que satisface únicamente los intereses de una empresa privada sobre los intereses generales de la población.

Argumenta que la resolución ministerial reúne defectos de procedimiento "determinantes de nulidad o anulabilidad" por indefensión, como sería el hecho de que la denegación de la copia del expediente con petición de ampliación del plazo de alegaciones, solicitada por el Concello al amparo del procedimiento de prórroga, tiene la misma fecha que la concesión de la ampliación.

Por otra parte, alega que la concesión de la prórroga la hizo un Gobierno en funciones "que excede los trámites ordinarios", lo que vulneraría la ley que regula las actuaciones de un Gobierno que tiene que limitarse a garantizar el traspaso de poder y limitar su gestión al despacho común de asuntos públicos, "absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia acreditados lo por razones de interés general, otras medidas". Estamos, mantiene el gobierno local, "ante una medida extraordinaria y selectiva y por lo tanto contraria a la ley".

Además la prórroga atentaría contra la doctrina del Tribunal Constitucional que recoge, respeto a la actual Ley de Costas, que "la prórroga admitida en la nueva regulación tan solo puede afectar a actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación", una excepcionalidad que no se da en este caso, según sostiene el gobierno local.

El requerimiento previo de anulación de la prórroga de Ence reitera las alegaciones formuladas en el expediente de caducidad en tramitación, "con incumplimiento de las condiciones de la concesión prorrogada, cuya no observancia se sanciona con la caducidad del título concesional; acreditación del desarrollo, en el perímetro de la concesión de actividades diferentes al objeto de la misma; alteración del título concesional; ausencia de acuerdo aprobatorio del título concesional y vulneración de las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio ) y POL (Plan de ordenación del litoral).

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