El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reconoció ayer que el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo es una "llamada de atención porque el Estado español no cumplió los compromisos que tenía que cumplir para sanear de una manera definitiva las rías de Galicia".
El regidor capitalino recalcó que se trata de "ecosistemas de alto interés medioambiental, productivos, de ocio...".
En este sentido, destacó que la Xunta de Galicia "es subsidiaria de ejecutar esos compromisos porque aprobó una ley de las rías en 2002 en la que son competencia exclusiva suya".
"La Xunta tiene que poner las grandes depuradoras y colectores y garantizar que se saneen en su totalidad", hizo hincapié.
Pese a todo, Lores reconoció la responsabilidad de los concellos, pero apostilló que los fondos tendrían que llegar de la Xunta de Galicia.
El alcalde no quiso dejar pasar la ocasión para recalcar que en la ría de Pontevedra "hay una industria altamente contaminante que no es responsabilidad del Concello", en clara referencia a Ence.
"Esa industria vierte un volumen a la ría que duplica o triplica el vertido de todos los concellos", aseveró.
"Ese volumen de vertido disminuye drásticamente la capacidad de autodepuración de la ría", añadió.
Lores recordó que el Concello usó fondos de la UE a "hacer grandes colectores porque la Xunta estaba ausente".
"Nosotros vamos a exigir las inversiones pertinentes. Y, para empezar, hay que separar pluviales de residuales", anunció.
Más que una línea de costa
En la misma línea, la presidenta de la Diputación Carmela Silva, instó a la Xunta y al gobierno central a que se pongan "manos a la obra" y "dediquen los recursos que sean necesarios" para revertir esta situación que ha provocado la condena desde Luxemburgo.
Silva considera que esta apuesta por el saneamiento de las rías debe ser clave, dado que se trata de ecosistemas que son "mucho más" que una línea de costa que mantener.
"Se trata de ecosistemas claves desde el punto de vista medioambiental pero también económico, en primer lugar por son la garantía de mantenimiento del sector primario en la provincia y segundo porque son una grandísima fuente de riqueza y atracción turística", consideró.
La máxima responsable de la institución provincial que a ella le tocó vivir de cerca una situación similar en la ría de Vigo y remarcó que el entonces gobierno socialista, que tenía como ministra de Medio Ambiente a Elena Espinosa, dedicó decenas de millones a revertir esta situación. Ahora reclama lo mismo para la ría de Pontevedra.
"Obsesión con Ence"
De forma totalmente diferente se manifestó el portavoz popular, Jacobo Moreira, que exigió al Gobierno local y al alcalde que "asuman responsabilidades". "La obsesión de Lores con Ence le hace ocultar a los pontevedreses los datos reales y tan solo en 2013 se produjeron 54 vertidos al Lérez, según Augas de Galicia", manifestó.
"Es competencia municipal el establecimiento de una red de sumideros eficaz", recordó Moreira.
