Una vez que el Tribunal Europeo ha ratificado que España no cumple con las normas de la Unión en materia de depuración de aguas en la ría de Pontevedra (y en otros cinco núcleos de Cataluña) llega el momento de hacer cumplir la sentencia. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente confirmaron ayer a FARO que el siguiente paso que da Europa en estos casos es la apertura de un nuevo procedimiento, el de la posible "imposición de la sanción", según Medio Ambiente, que "contempla una serie de fases" y que tiene como objetivo verificar que España corrige la actual situación y se adapta a la directiva 91/271 de tratamiento de aguas residuales urbanas.
La apertura de este procedimiento sancionador no tiene por qué terminar en una multa, sino que es en el marco de este mismo expediente y dependiendo de las distintas fases que lo integran, el momento en el que directamente las propias comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en esta materia, deben ir comunicando a la Comisión Europea los avances que se están realizando en materia de depuración hasta que finalmente certifiquen que los vertidos que se realizan a la ría cumplen lo establecido en las leyes de la UE.
Medio Ambiente destaca que esta denuncia es un asunto "heredado" por el actual ejecutivo y resalta que el Ministerio tan solo "es responsable" de la actuación de Bollullos Par del Condado (Andalucía), precisamente, el único núcleo por el que el Tribunal de Justicia Europeo desestima actuar contra España.
En cuanto al resto de núcleos en Cataluña y al que conforman Pontevedra, Marín, Poio y Bueu en la ría de Pontevedra señala como competentes "a las respectivas comunidades autónomas" y, aparte de ofrecerles "la máxima colaboración", deja en manos de las administraciones locales y autonómicas la ejecución de las actuaciones que permitan corregir las deficiencias ratificadas por el Tribunal de Justicia.
En el caso de que la Comisión Europea determine que España no está haciendo los deberes para revertir la situación actual, es cuando el órgano de gobierno de la UE podría volver a poner el asunto de nuevo en conocimiento del Tribunal y a su vez imponer fuertes sanciones económicas cohercitivas de carácter disuasorio contra España. Cabe recordar que, por ejemplo, en el caso de la ría de Vigo se impuso una multa de 20 millones de euros por incumplir esta misma directiva de depuración de aguas residuales urbanas.
Advertencia del Comisario
Esta posibilidad ya la expresaba el pasado año el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en respuesta a una pregunta escrita realizada por el grupo de Podemos en el Parlamento de Bruselas ante la posibilidad de que el Tribunal de Justicia acabase fallando contra España por los problemas de saneamiento de la ría de Pontevedra, tal y como acaba de ocurrir: "Si no se ejecuta una primera sentencia en que se declare que el Estado miembro infringe el Derecho de la Unión y el asunto se somete al Tribunal por segunda vez, este puede imponer sanciones económicas al Estado miembro. Sería deseable que las situaciones de incumplimiento de la directiva se resolviesen lo antes posible, sin que el Estado miembro tenga que ser remitido al Tribunal por segunda vez", indicaba el comisario europeo en 2015 sobre la situación en Pontevedra.
En este sentido, Vella también desvelaba entonces que España le había puesto sobre la mesa una fecha límite para solventar de manera definitiva los problemas de saneamiento en la ría pontevedresa, el mes de septiembre de 2014: "La Comisión ha sido informada por las autoridades españolas de su propósito de mejorar varios sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas que prestan servicio a la aglomeración de Pontevedra-Marín-Poio". "Su objetivo-añadía- es poder ofrecer ya un tratamiento terciario en septiembre de 2020 y, a tal fin, proyectan hacer uso de las ayudas financieras del Feder" en este caso para el periodo 2014-2020. El tratamiento terciario es el que exige la normativa europea en vigor y conlleva una mayor pureza del agua que acaba en el mar. Un sistema del que carece la depuradora de Placeres, siendo este su principal problema junto a que su capacidad se ha visto desbordada al estar planificada para una población de 100.000 habitantes y dar servicio a 123.000.
