Los sindicatos se manifiestan en defensa de un derecho de huelga que ven amenazado

Solicitan la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que casi lleva a prisión a las pontevedresas Ana y Tamara y que hoy sienta en el banquillo a otros ocho sindicalistas

09.02.2016 | 02:13
La protesta se inició en A Ferrería y finalizó ante la Subdelegación del Gobierno. // Gustavo Santos

Unas 150 personas, la mayoría delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT en las comarcas de Pontevedra y Arousa, se manifestaron ayer por las calles de la ciudad del Lérez en defensa del derecho de huelga, un derecho que garantiza la Constitución pero que consideran que se está viendo vulnerado de forma sistemática, especialmente por la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, el cual exigen que sea derogado.

Se trata del mismo artículo por el que fueron condenadas a penas de tres años de prisión las pontevedresas Tamara Vidal y Ana Outerelo, pena ratificada por la Audiencia de Pontevedra y que a punto estuvo de llevarlas a ingresar en prisión. Finalmente, la pena de prisión fue sustituida por el pago de una multa. Hay otros casos similares en la provincia de Pontevedra, como los vigueses Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, condenados también a tres años, sentencia cuya ejecución está suspendida a la espera de que se resuelva el indulto que han tramitado. Según explica Xosé Luis García Pedrosa, secretario comarcal de Comisiones Obreras, hay cerca de 300 personas, en su mayor parte sindicalistas, que se encuentran en esta misma situación en España. Han sido condenadas o están pendientes de sentarse en el banquillo afrontando posibles penas de prisión por manifestarse o ejercer el derecho de huelga, afirma. Asegura que los próximos en sufrir esta situación son ocho sindicalistas de Comisiones Obreras de la factoría de Airbus al que el fiscal les pide penas de 8 años y 3 meses (66 años en total) "por participar en un piquete a las puertas de la fábrica en la huelga general de 2010 sin causar ningún tipo de problema ni daño y sin que se produjeran agresiones hacia nadie".

Para García Pedrosa, este artículo del Código Penal "pretende liquidar el derecho constitucional a la huelga" y lamenta que desde el Gobierno y el partido que lo sustenta, el PP, se "defienda tanto la Constitución" mientras que "el derecho a la huelga y a manifestarse se intenta vulnerar y criminalizar la lucha de los trabajadores".

Ramón Vidal, secretario comarca de UGT, comparte esta necesidad de defender el derecho de huelga frente a este artículo del Código Penal y suma también otras amenazas como la última ley de seguridad ciudadana o "ley mordaza". Una normativa que, asegura, "limita las movilizaciones ciudadanas y hace que sean percibidas como un peligro". Señaló, además, que lo que no quieren "estar continuamente pidiendo medidas de gracia contra estas penas de prisión" que se imponen a sindicalistas por ejercer un derecho constitucional.

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