Lores: "En la Xunta son unos inútiles y deciden los consejos de administración de las empresas"

"Después hablamos de pequeñas corrupciones", lamenta el regidor capitalino, que acusa al Ejecutivo en funciones de "regalar a Ence más de 1.000 millones" a cambio de hipotecar este siglo el futuro de la ría

27.01.2016 | 04:47
El alcalde Lores, ayer, durante su comparecencia sobre la prórroga a Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez

"Vergüenza absoluta", "atentado contra el medio ambiente, los derechos de los pontevedreses y el futuro de nuestra ría" o "hipocresía política". El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, no ahorró descalificativos para el Ejecutivo que encabeza en funciones Mariano Rajoy ni para el Gobierno de la Xunta un día después de que se conociese la noticia de la prórroga a Ence por otros 60 años en terrenos de dominio público en la ría. En el que reconoció que es "uno de los peores días que he pasado como alcalde", el regidor anunció una batería de medidas "para que esta decisión no sea firme", acudiendo para ello a la vía política, administrativa, judicial y a la movilización social.

"En Galicia no decidimos nada, en la Xunta son unos inútiles", protestó, y aquí "deciden los consejos de administración de las empresas. Éste es un país rico, pero esto es malvivir... Los hijos de los trabajadores de Ence emigran como los demás, en este país no hay una política de empleo".

Fernández Lores fue el primero en exponer públicamente una acusación que partidos, fundaciones, asociaciones vecinales, ecologistas y culturales que se oponen a Ence repitieron a lo largo de toda la jornada, la de que el Gobierno del Estado está dispuesto a enriquecer a una élite financiera sin importar que se esté hipotecando el futuro de la ría durante casi todo este siglo ni que suponga un agravio comparativo con todas las demás empresas a las que no se les permitiría ocupar terrenos públicos.

"El Gobierno acaba de regalarle a la empresa privada Ence más de 1.000 millones", denunció Fernández Lores para referirse a una decisión que calificó de "descentralizada y antidemocrática".

Descentralizada porque, recordó, "aquí nadie sabía nada, estas decisiones se toman a alto nivel dentro del Estado... ".

"Esa peste"

Es la acusación más repetida, que el Ejecutivo abandona a Pontevedra contra la mayoría social representada por el Concello y la Diputación aprobando en tiempo de descuento una prórroga que es recurrible y sin ni siquiera asegurar que aquí se cerrará el ciclo del papel.

Denuncian que Pontevedra soporta la contaminación y el más o menos disimulado mal olor (el alcalde hablaba asqueado de "ese adefesio ahí" y "esa peste" que afea la imagen internacional de la ciudad) sin cuando menos los beneficios laborales y económicos derivados de un cierre del ciclo.

Y si ese cierre productivo se considera una deuda histórica por saldar con Galicia, menos todavía ayuda al buen nombre de Ence que tribute en Madrid.

La ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino o el polémico ex conselleiro de Medio Ambiente durante la catástrofe del Prestige Carlos del Álamo son algunos de los que se benefician de las puertas giratorias, denuncian los ecologistas y Marea, y que hoy se sientan en el consejo de administración de Ence.

Lores no citó nombres pero tampoco ocultó su indignación al denunciar que "en el consejo de administración están miembros destacados del PP que consiguen que el aparato del Estado esté al servicio para modificar leyes y directrices".

"Después hablamos de pequeñas corrupciones", denunció, y no de los "miles de millones de euros" que la operación supone para Ence mientras "otros empresarios han de buscarse la vida y pagarse terrenos industriales", un agravio comparativo que recordaban ayer distintos colectivos y partidos que integran la plataforma Ence Fóra.

Tampoco ayuda que tras conocerse la noticia de la prórroga la empresa subiese en las primeras horas 6,62 puntos en bolsa, un crecimiento que continuó durante la jornada de ayer, 3,19 puntos más cuando se cumplían unas 24 horas del anuncio de la concesión. "Hacer dinero a costa de lo que sea", protestaban los ecologistas.

Sumado a las formas (la prórroga la aprueba un Gobierno en funciones y fue la empresa y no el Ejecutivo la que lo confirmó), la teniente de alcalde, Carmen da Silva, no dudaba en dibujar un escenario de "colonia bananera", mientras que Fernández Lores insistía indignado en que "el aparato del Estado al más alto nivel" (una y otra vez los nacionalistas criticaron el transparente papel de Feijoo) está "más interesado en defender los intereses de una empresa privada que el interés general".

Leyes "para el gran capital"

También habló el alcalde de "hipocresía política" cuando el Ejecutivo se refiere a directrices comunitarias, a la preocupación por el cambio climático, la sostenibilidad e incluso al feísmo "pero cuando tocamos al gran capital hacemos leyes específicamente para ellos".

Pontevedra, afirmó, no pide nada "que no se haya hecho en la ría de Bilbao, en Barcelona o Valencia, estamos yendo en contra de lo que se hace en todo el mundo".

Recordó que "perdemos puestos de trabajo por tener ese adefesio ahí" ya que "tenemos esa peste que es un freno para la explosión de la ciudad".

Insistió una vez más en que en Europa no se permitiría instalar una empresa con una actividad no permitida en dominio público, de modo que otros 60 años más serían "una burla a todos los pontevedreses".

Lores invitó a la ciudadanía a "presionar con fuerza" a quien decidió aprobar la prórroga y también a los posibles gobiernos alternativos a que "se comprometan a revocarla... Los pontevedreses no nos merecemos esa decisión".

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