La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) anunció ayer que recurrirán una hipotética prórroga de la concesión a Ence si así lo decide Costas del Estado. El colectivo señaló además que sus servicios jurídicos estudiarían que cauce seguiría esta batalla judicial contra una eventual prórroga sin descartar que pudiera interponerse alguna acción por la vía penal por prevaricación contra el Gobierno central dado que consideran que el ejecutivo "estaría tomando una decisión injusta a sabiendas".
La APDR se basa, entre otras razones, en supuestos incumplimientos del título concesional de Ence dado que sus vertidos "superaron hasta 2014" y "en algunos momentos a lo largo del último año las 20 partes por millón" de la demanda biológica de oxígeno, algo que, afirman, no permite la actual concesión de Ence y que sería causa para que no pudiera ser prorrogada.
Así lo explicó el presidente del colectivo, Antón Masa, durante una comparecencia para hacer balance del viaje a Bruselas en el que participó la APDR invitados por la eurodiputada de AGE, Lidia Senra. Allí, junto a otros colectivos gallegos, se entrevistaron con la propia Lidia Senra y con el responsable de implementación de Derecho Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, José Manuel Server. Según Masa, este directivo concuerda con los postulados de la APDR al señalar que los vertidos de la pastera deben cumplir la directiva europea de aguas residuales urbanas y que además Ence es parte responsable de la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE contra España por los problemas de depuración y contaminación de la ría de Pontevedra.
"Mentiras" de la APDR
Estas manifestaciones provocaron la rápida respuesta de Ence que pidió a este colectivo que "deje de hacer política en campaña electoral a cuenta del empleo de mil personas en Pontevedra".
El grupo empresarial insiste en que el objetivo de la APDR al informar sobre este viaje a Bruselas (del que destacan que fue pagado del erario público para reunirse con una diputada que dos días después estaba en Galicia) es desplegar "su catálogo de mentiras" sobre Ence en época electoral. Explican que la APDR "vuelve a la idea de que Ence debe cumplir normas que no le afectan" al asegurar que deben adecuarse a la directiva europea de vertidos de aguas urbanas: Explican desde la empresa que "la última vez que le quitaron la razón fue en una sentencia de febrero de este año del TSXG", un fallo tan "aplastante" que "incluso los condenaron a pagar las costas del proceso".
La empresa sostiene que la APDR acusa a Ence "de un problema real cuyo origen le resulta ajeno". Ence reconoce que "es obvio que la ría tiene un problema relacionado con las aguas residuales urbanas" pero cree que la APDR trata de relacionar a Ence con este problema sin motivo. Remiten al comunicado emitido en su día por la UE sobre la investigación de Bruselas con respecto a este asunto y en la que se indica que la Comisión denuncia a España por no garantizar que las aguas residuales urbanas sean tratadas correctamente. "Como es conocido, las aguas residuales urbanas son diferentes de las aguas residuales industriales" algo que, afirma Ence, también avala el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la propia Comisión Europea.
