La mayor parte de los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra incumplen de forma generalizada los mandatos de la Ley Transparencia y Buen Gobierno que ayer entró en vigor para estas entidades locales. Así lo recoge el estudio realizado por la Red Localis (de la que forman parte profesores e investigadores de las tres universidades gallegas con el apoyo del grupo de investigación GEN de la Universidad de Vigo).

Ante la escasa estadística oficial existente en materia de transparencia, el estudio tiene en cuenta informes publicados como el de STEM Comunicación, fechado en octubre de este año y en el que se analizaba el grado de cumplimiento de la nueva ley de transparencia por parte de los ayuntamientos gallegos a dos meses escasos de entrar en vigor. El resultado fue que muy pocos se habían adaptado a la nueva normativa.

Se analizaban cuatro puntos básicos a los que obliga la ley ya en vigor: el primero la existencia de un portal de transparencia específico, una cuestión que solo cumplían 6 de los 61 concellos (un 9,8%). Las misma cifra se repite en el caso de los ayuntamientos que disponen de un espacio específico para la participación ciudadana. Solo en dos ayuntamientos se incluían biografías sobre los representantes públicos y únicamente en 3 de los 61 existe una sección en la que se puede acceder a la declaración de bienes de los miembros de la Corporación.

Uno de los concellos que todavía no se adaptado a esta ley es el Concello de Pontevedra. El informe de la Red Localis vuelve a insistir en que la ciudad del Lérez suspende en transparencia y de hecho es la ciudad gallega que sale peor parada en cuanto a la información que traslada a los ciudadanos. El informe se basa en los datos referidos a 2014 ya hechos públicos en su día por la organización Transparencia Internacional. Pontevedra sacaba una nota global de transparencia de 43,8 cuando la media nacional era de 85,2. El área que sale peor parada es la de contratación, en donde esta organización da una nota de cero cuando la media está en 74,1. También en el apartado económico y financiero se incide en que es mayor la opacidad, con una puntuación de 54,5 frente a una media estatal de 90. En este caso, la que saca una peor nota es Santiago con 36,4 puntos.

Con todo, el ayuntamiento también suspende en otros apartados como información sobre la Corporación Municipal o en la relación con los ciudadanos y la sociedad. Saca una nota bastante baja en los indicadores sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia, de 31,1 frente a la media nacional de 81,2. El concejal, Vicente García Legísima, recordaba ayer que estos datos corresponden a 2014 y que en los últimos meses se han dado pasos importantes para mejorar estas cifras y cumplir la ley de transparencia. Así, confía que a finales de enero pueda estar en marcha el portal específico de transparencia del ayuntamiento.

En cuanto a las Diputaciones, el estudio situaba a la de A Coruña como una de las peores posicionadas en cuanto a transparencia. De la de Pontevedra fallaba la inclusión de las biografías de los distintos representantes públicos, pero señalaban como "ejemplar" la sección de declaración de bienes de los diputados. En cuanto al espacio de participación ciudana, si bien existe, no cuenta con la suficiente publicidad. Asimismo, destacan la existencia de un portal específico de transparencia pero señalan que su accesibilidad es "mejorable".