Recursos de apelación ante la Audiencia Provincial y desesperantes comisiones rogatorias ante la justicia de Brasil para notificar las diferentes resoluciones del juzgado a uno de los imputados mantienen estancadas dos de las tres investigaciones judiciales abiertas en el seno de la Cámara de Comercio de Pontevedra por supuestas irregularidades en anteriores mandatos de la entidad.
La más avanzada, pero también la que lleva paralizada más tiempo, es la que afecta a la secretaria de la Cámara; Rosario Lorenzo, y al que fue representante de la entidad en Brasil, Juan José María Lago, por las supuestas irregularidades detectadas en los pagos por los contratos de representación de la entidad en este país. A mediados de año, el juzgado de instrucción número 1 dictó auto de apertura de juicio oral contra la secretaria de la Cámara y Juan José María Lago. Lo hacía después de que el fiscal presentase escrito de acusación en el que solicita que se le imponga a la directiva de la entidad una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho y diez meses de multa a una cuota diaria de 30 euros por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para el representante de la Cámara en Brasil esta petición se ciñe a los tres años de cárcel por cohecho. En dicha resolución se solicitaba una fianza de 25.200 euros a la secretaria cameral en materia de responsabilidad civil y de 16.200 euros para el segundo de los investigados.
Es precisamente la necesidad de notificar personalmente esta decisión al segundo de los procesados, Juan José María Lago, lo que mantiene el proceso en punto muerto. Con residencia en Brasil, se ha solicitado ya una nueva comisión rogatoria a este país para que proceda a comunicar la decisión judicial al interesado. Teniendo en cuenta que la anterior que se tramitó, para tomarle declaración, tardó más de un año, la espera puede ir para rato.
El segundo de los asuntos en marcha se refiere al presunto delito contra la administración de Justicia en el que podrían haber incurrido María del Rosario Lorenzo, el expresidente Antonio Gómez Rivera, y a J. M. T. G., M. D. T., J. M. S. G., E. F. H., P. F. T. y F. J. L. G., todos ellos miembros del comité ejecutivo. A finales del pasado mes de junio el juzgado emitía un auto en el que daba por finalizada la instrucción y transformaba las diligencias previas abiertas en un procedimiento abreviado, imputando formalmente a estas ocho personas.
En aquel auto, la titular del juzgado de instrucción señalaba que, una vez practicadas las diligencias oportunas, concluía que existen indicios para pensar que los despidos de parte de los trabajadores que denunciaron las supuestas irregularidades en la Cámara (y que supuso el inicio de la investigación antes citada por los contratos en Brasil) fueron una represalia por haber acudido a la Fiscalía.
Marcha atrás
Las defensas de los imputados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial y esta los ha estimado, de tal forma que ordena al juzgado que dé marcha atrás y que antes de cerrar la instrucción del caso realice nuevas diligencias, en este caso la toma de declaración a dos testigos. Por lo tanto, el juzgado deberá citar a estas dos personas antes de transformar el caso en un procedimiento abreviado y solicitar a la Fiscalía que presente su escrito de conclusiones provisionales.
El tercero de los asuntos, el más complejo, es el que investiga presuntas irregularidades en la organización de ferias, así como en algunas subvenciones concedidas a la entidad para organizar eventos en los años 2010 y 2011.
Este caso sigue en fase de diligencias previas y cabe destacar que está incorporado a los autos un demoledor informe del Consello de Contas que señala, por ejemplo, que era una "práctica recurrente" la de "reducir el gasto inicialmente facturaba" la empresa organizadora "mediante la emisión de facturas rectificativas que no cumplían con los requisitos exigidos de facturación". Esto afectó al cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones.
