Comenzó a instruirse en 1999 y no terminará de juzgarse hasta el año 2016. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra se vio obligada ayer a volver a aplazar la celebración de la vista oral por el conocido como macrofraude del gasóleo en el que se investiga una trama que supuestamente defraudó cerca de 20 millones de euros a Hacienda en impuestos sobre el carburante. La razón de esta nueva suspensión, es que uno de los abogados de la causa sigue recuperándose de una grave enfermedad.

Ante esta situación, la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra instó ayer al acusado cuyos intereses defendía este letrado, José Carrón, entonces jefe provincial del Servicio de Vigilancia Aduanera en Pontevedra, a que en el plazo de 48 horas nombre a un nuevo abogado, quedando este profesional definitivamente desligado de esta macrocausa.

Pese a la celeridad con la que este acusado deberá designar un nuevo letrado, la complejidad del caso provoca que la vista no se pueda retomar ya hasta dentro de unos meses, dado que el abogado sustituto deberá tener tiempo suficiente para poder estudiar una causa que suma miles de folios y de una complejidad manifiesta, de tal forma que el juicio sufre un nuevo retraso y no podrá celebrarse hasta bien entrado 2016.

La suspensión del juicio durante tanto tiempo una vez iniciado suscitó alguna duda sobre la validez de los acuerdos de conformidad alcanzados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado con doce de los 23 acusados que reconocieron los hechos. No obstante, tanto fuentes de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado explicaron ayer que la suspensión del juicio no afectará ni a estos acusado ni a los otros cinco a los que ya se les había retirado la acusación. Otro de los investigados ya había fallecido y un último se encuentra en rebeldía. El juicio proseguía tan solo con cuatro acusados, el jefe provincial de Vigilancia Aduanera, otro funcionario de este mismo servicio y contra dos de los responsables de la empresa Carburantes Acibro.